Una propuesta que da una luz de esperanza para quienes alquilan y son docentes.
Viveindas para docentes, el programa prevé inscripción en julio y contempla una primera etapa de 250 unidades y priorizará a trabajadores con estabilidad laboral.
En medio sus mensajes el 1° de mayo en la legislatura, el Gobierno de Alfredo Cornejo anunció la propuesta de realizar junto al IPV, la construcción de viviendas para el área docente;pir lo mismo se avanza con la puesta en marcha de un plan habitacional destinado a docentes, una iniciativa que busca atender una demanda histórica del sector y, al mismo tiempo, fortalecer el arraigo de quienes hoy deben trasladarse largas distancias para cumplir con sus tareas en las escuelas.
El programa prevé una primera etapa de 250 viviendas, se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a mejorar las condiciones laborales los maestros, junto con otras herramientas como el ítem arraigo, la política salarial y las capacitaciones.
Uno de los objetivos centrales del plan es que los docentes puedan acceder a una vivienda cercana al lugar donde trabajan, especialmente en los casos en los que deben trasladarse desde otros departamentos.
“Con esto también queremos darles a aquellos docentes que deciden irse de sus departamentos a trabajar a otro lado de la provincia y que puedan contar con su propia casa cerca de su lugar de trabajo”, explicó Daparo.
La iniciativa se vincula con la política de arraigo impulsada por el Gobierno provincial, en la búsqueda de que los trabajadores de la educación puedan establecerse en las zonas donde desarrollan su actividad cotidiana y reducir así los traslados diarios.
La preinscripción provisoria está prevista para mediados de julio y se realizará a través de la plataforma del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
“Habrá una preinscripción provisoria a mediados de julio donde el IPV pondrá un formulario para que lo completen aquellos docentes interesados”, indicó Daparo.
Una vez que estén definidos los proyectos habitacionales, los docentes podrán elegir la propuesta que mejor se ajuste a sus necesidades en función de la ubicación, la cercanía con el lugar de trabajo y la oferta disponible.
El IPV también participará con sus equipos técnicos para tareas de construcción e inspección de obras, mientras que la adjudicación final de las viviendas quedará a cargo de la DGE.
Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina, comedor y baño, además de la posibilidad de ampliación.
El valor estimado de cada unidad oscilará entre 100 y 120 millones de pesos, dependiendo de si el terreno es aportado por el Estado o por los desarrolladores privados.
El esquema financiero prevé que el 80% del valor sea cubierto mediante crédito hipotecario, mientras que el 20% restante deberá ser aportado por el adjudicatario como ahorro previo. Ese monto podrá integrarse en cuotas a lo largo de entre 12 y 24 meses.
Mientras se avanza con la primera etapa, el Gobierno ya proyecta ampliar el alcance del programa. Según el sondeo oficial realizado, la demanda habitacional dentro del sector docente supera ampliamente las 250 viviendas previstas inicialmente.
Por eso, además de la convocatoria al sector privado, también se buscará articular con municipios que cuenten con terrenos urbanizados y con los gremios docentes, con el objetivo de desarrollar nuevas operatorias que permitan ampliar el acceso a la vivienda.
