JUICIO HISTÓRICO: UN EXJEFE DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA ES JUZGADO POR LA DESAPARICIÓN DE TRES TRABAJADORES
Comenzó en La Plata el juicio contra un exjefe de Molinos Río de la Plata acusado por la desaparición de tres trabajadores durante la última dictadura.
Emilio Parodi, exjefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, comenzó a ser juzgado por su presunta participación en los secuestros de tres trabajadores ocurridos en 1976. Los obreros continúan desaparecidos. El proceso busca determinar también la posible responsabilidad empresarial durante el terrorismo de Estado.
Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad comenzó esta semana en La Plata y pone nuevamente bajo la mirada de la Justicia la relación entre la represión ilegal y el ámbito empresarial durante la última dictadura militar argentina.
El acusado es Emilio Jorge Parodi, quien se desempeñaba como jefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda al momento de los hechos. La Fiscalía lo acusa de haber tenido una participación funcional en el secuestro de tres trabajadores: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino.
Los tres fueron secuestrados el 7 de julio de 1976, cuando se encontraban ingresando o saliendo de la fábrica. Desde entonces permanecen desaparecidos.
El juicio comenzó el 10 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de La Plata. Parodi, de 85 años, participó de la primera audiencia de manera remota desde su domicilio.
Tres trabajadores desaparecidos
Los hechos investigados ocurrieron pocos meses después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Santos Ojeda tenía 24 años y trabajaba como operario. Según la investigación judicial y los testimonios incorporados a la causa, fue secuestrado durante la madrugada, cuando terminaba su turno.
Francisco Fernández trabajaba en el área mecánica y tenía participación gremial. Aquella mañana llegó a la planta para comenzar su jornada laboral, pero fue interceptado en el acceso al establecimiento.
Roberto José Rivolta Bonino trabajaba en el sector administrativo. Fue el tercero de los trabajadores secuestrados ese día, también en inmediaciones del ingreso a la fábrica.
Los tres continúan desaparecidos.
Qué sostiene la acusación
La Fiscalía sostiene que Parodi habría utilizado su posición dentro de la empresa para facilitar la identificación y captura de los trabajadores.
Según la acusación, las instalaciones de la planta y determinados sectores vinculados al personal y la seguridad fueron utilizados durante los operativos.
La hipótesis judicial apunta a que la colaboración desde el ámbito empresarial habría permitido a los grupos represivos identificar a trabajadores que tenían actividad sindical.
Es importante señalar que se trata de una acusación que deberá ser probada durante el juicio. El proceso recién comenzó y será el tribunal el encargado de determinar la responsabilidad penal del imputado.
La causa cuenta con la participación de distintas querellas, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales.
La dimensión empresarial de la represión
Uno de los aspectos que convierte a este proceso en un caso de particular relevancia es que no se centra únicamente en quienes integraban las fuerzas represivas.
La investigación busca determinar si desde la estructura de una empresa privada existió colaboración que facilitara la persecución y desaparición de trabajadores.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, la represión en la planta de Molinos no habría quedado limitada a los tres casos que ahora llegan a juicio. Organismos de derechos humanos y autoridades bonaerenses señalan que al menos 26 o 27 trabajadores, trabajadoras y familiares vinculados a la empresa fueron víctimas de secuestros, desapariciones o asesinatos durante la dictadura, aunque este debate oral se concentra específicamente en los tres trabajadores mencionados.
La investigación también analiza el impacto económico que tuvo la desaparición de la representación sindical dentro de la empresa y las modificaciones que se produjeron en su estructura laboral durante aquellos años.
Un proceso esperado durante décadas
La causa llegó a juicio después de años de investigación y del impulso de familiares de las víctimas, organizaciones sindicales y organismos de derechos humanos.
Para los querellantes, el proceso representa una oportunidad para avanzar sobre una dimensión de la represión que durante mucho tiempo recibió menor atención judicial: la eventual participación o colaboración de sectores civiles y empresariales.
La experiencia de otros procesos judiciales permitió incorporar este tipo de investigaciones al análisis de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
El caso Molinos se suma así a otros expedientes en los que la Justicia investigó la posible responsabilidad de integrantes de empresas en delitos cometidos contra trabajadores durante la última dictadura.
Cuándo continúa el juicio
La primera audiencia estuvo destinada a la lectura de las acusaciones y los cargos contra Parodi.
La próxima jornada está prevista para el 24 de septiembre a las 11, cuando se realizará la declaración indagatoria del acusado y comenzará la incorporación de nueva prueba al proceso.
El tribunal deberá analizar durante el juicio los testimonios, documentos y peritajes reunidos durante la investigación para determinar si existió responsabilidad penal de Parodi en los hechos que se le atribuyen.
Más de cinco décadas después de la desaparición de los tres trabajadores, el proceso busca establecer judicialmente qué ocurrió dentro y alrededor de aquella planta de Avellaneda y cuál fue el papel que tuvieron quienes ocupaban posiciones de responsabilidad dentro de la empresa.
Fuentes para consignar:
- Ministerio Público Fiscal – Fiscales.gob.ar.
- Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Redaccion: ADN del VALLE
