La DGE, aplicará nuevo mecanismo de control, tras falsas denuncias y consecutivas amenazas a instituciones educativas.

El Gobierno de Mendoza, con un arduo trabajo entre Seguridad y Educación, dio a conocer el balance de las actuaciones judiciales y operativas tras una semana marcada por amenazas en diversas escuelas. Hasta el momento las cifras oficiales que se dieron a conocer,  reportaron 6 imputados, 400 denuncias al 911 y 800 policías por día en acción de control.

 En conferencia para actualizar la última infirmación sobre las amenazas intitucionales, grafittis y otros hechos similares, la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus en relación a lo sucedido dijo:-"Esto no es una broma ni un juego. Acá hay un delito. Estamos hablando de una figura penal que tiene una pena máxima equivalente a la de un robo simple o una estafa."  

Por otro lado en medio de todo el caos que se ha generado en torno a las amenazas, se confirmó la detención e imputación de un sujeto mayor de edad, cuyo cargo se agravó por haber utilizado a un menor para cometer el hecho. Se trata de una mujer, madre de uno de los imputados que durante la mañana de este miércoles fue liberada.

Poniendo en contexto de todo lo acontecido,la ola de amenazas de tiroteos, que se materializó en pintadas en 230 establecimientos derivó en una ofensiva judicial y administrativa liderada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que este miércoles se formalizaron 19 denuncias por incumplimiento del Código de Contravenciones. El objetivo  claro es: trasladar la responsabilidad civil y penal a los progenitores, para que de este modo los menores tomen conciencia que todo acto tiene sus consecuencias.
Para tener en cuenta, algunos de los puntos que ser ejecutaron en el accionar equívoco de los menores fueron:

*Sanciones a padres: bajo el Código de Contravenciones, los responsables de los menores identificados enfrentan multas económicas, trabajos comunitarios o incluso arresto en casos de reincidencia.
*Instigación extrema: el caso más alarmante como ocurrió en Las Heras, donde una mujer fue detenida tras confesar que instó a su hijo a llevar un arma de juguete y exhibirla en la cintura al entrar al colegio.
*Justicia Juvenil: seis menores en edad punible ya están bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil.

A partir de este miércoles 22 de abril, la Provincia entra en una etapa de “normalización vigilada”. El protocolo rígido de la primera semana cede paso a la gestión interna de cada institución:

Mochilas: Cada escuela decidirá si mantiene o levanta la prohibición de ingresar con bolsos a las aulas.
Jornadas de reflexión: Se habilitarán espacios con especialistas para trabajar la convivencia y el impacto de estas “tendencias” que, según el Gobierno, responden a un fenómeno global.
Compromiso Parental: La DGE enviará un comunicado formal ratificando las obligaciones de guarda que tienen los padres sobre sus hijos.

La ministra de Seguridad, anunción una nueva estraregia en los colegios: apartir de  ahora son considerados “objetivos especiales”, lo que implica patrullajes frecuentes y aleatorios en lugar de guardias estáticas.

Mientras tanto en el Valle de Uco, se volvió a activar el protocólo de seguridad en una escuela de Tunuyán, en este caso la Institución de educación primaria JEAN PIAGET, en la que se encontrón dentro del establecimiento un mensaje intimidatorio.

Como medida preventiva se aplicaron los procedimientos correspondientes para llevar tranquiladad a la comunidad edutiva y familia de los estudiantes.