EL GOBIERNO LANZÓ UN NUEVO RETIRO VOLUNTARIO PARA EMPLEADOS ESTATALES: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER Y CUÁNTO COBRARÁN

El Decreto 1203/2026 oficializó un régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La inscripción estará abierta durante noviembre y las compensaciones dependerán de la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente.

Una nueva medida para reorganizar el Estado nacional

El Gobierno nacional oficializó este lunes 19 de octubre un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a determinados trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El programa forma parte de la política oficial de reorganización de las estructuras estatales y contempla una salida voluntaria con compensaciones económicas diferenciadas según la situación de cada trabajador.

La inscripción estará abierta desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026. La autoridad de aplicación podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.

¿Quiénes podrán solicitar el retiro voluntario?

El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada alcanzados por la norma.

No se trata de una convocatoria general para todos los empleados estatales del país. Los organismos descentralizados y distintos sectores específicos quedan fuera del alcance de este régimen.

Entre las exclusiones se encuentran las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, entre otros casos previstos por la normativa.

Además, existen restricciones para trabajadores que se encuentren en determinadas situaciones administrativas, disciplinarias o judiciales, así como para quienes ya reúnan los requisitos previsionales establecidos.

¿Cuánto cobrarán quienes adhieran?

Uno de los aspectos centrales del programa es que establece distintas modalidades de compensación económica, de acuerdo con la edad, los años de aportes y la antigüedad laboral.

El esquema contempla tres grupos de beneficiarios:

• Trabajadores próximos a la edad jubilatoria que todavía no reúnen los aportes suficientes: podrán optar, bajo las condiciones establecidas, por un pago mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, o por una gratificación única con límites específicos.

• Trabajadores cercanos a la edad jubilatoria que ya cuentan con los aportes requeridos: tendrán una compensación calculada sobre su remuneración y antigüedad, con adicionales previstos por la normativa.

• Trabajadores de menor edad: recibirán una gratificación calculada en función de los años de antigüedad, con un límite de hasta 20 remuneraciones y adicionales sujetos a las condiciones establecidas para cada caso.

Los importes no son iguales para todos los empleados. La base de cálculo, los topes y los requisitos deben verificarse en el anexo del decreto antes de determinar cuánto le correspondería cobrar a cada persona.

Qué ocurrirá con los cargos que queden vacantes

El decreto establece que los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los trabajadores que se incorporen al régimen, una vez que se concrete el cese de la relación laboral.

Este punto es central para comprender el alcance de la medida: no se limita a ofrecer una compensación económica a quienes decidan retirarse, sino que también modifica la estructura presupuestaria de las dependencias involucradas.

Desde la perspectiva oficial, la iniciativa busca optimizar la asignación de los recursos públicos y reorganizar las dotaciones de personal.

Su impacto concreto dependerá de la cantidad de trabajadores que adhieran, de los costos de implementación y de cómo se redistribuyan las tareas dentro de cada organismo.

Una decisión que abre interrogantes sobre el empleo público

El nuevo régimen vuelve a poner en discusión la composición de la Administración Pública Nacional, el uso de los recursos del Estado y las condiciones en las que los trabajadores pueden finalizar voluntariamente su vínculo laboral.

Para quienes evalúen adherirse, será fundamental analizar la compensación ofrecida, su situación previsional, la antigüedad y las consecuencias económicas de dejar el empleo.

Para la administración pública, uno de los aspectos a observar será cómo se sostienen los servicios y las funciones de cada organismo después de las desvinculaciones.

La medida ya está oficializada y tiene fechas definidas. Ahora, la atención estará puesta en la adhesión de los trabajadores y en los efectos que produzca sobre la estructura estatal.

El nuevo régimen plantea una decisión relevante para los empleados alcanzados: evaluar las condiciones de salida y sus consecuencias económicas, mientras el Estado avanza con la reorganización de sus cargos y recursos.