La infraestructura energética vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de desarrollo de Mendoza. Durante el Foro de Ingeniería Eléctrica FIE Cuyo 2026, realizado los días 4 y 5 de noviembre, el Gobierno provincial presentó los principales desafíos del sistema eléctrico y anticipó una nueva inversión superior a los 9.000 millones de pesos destinada a obras de electrificación, ampliación y renovación de instalaciones.

El anuncio adquiere especial relevancia para el Valle de Uco, ya que San Carlos figura entre las zonas contempladas dentro de la planificación provincial.

Una inversión que apunta a fortalecer el sistema eléctrico

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó la apertura del encuentro y destacó las inversiones realizadas durante la última década para mejorar la infraestructura energética mendocina.

Entre los avances mencionados se encuentran más de 400 kilómetros de líneas eléctricas rurales, la incorporación de más de 300 establecimientos ganaderos como beneficiarios de estas mejoras y la instalación de más de 2.700 luminarias.

También se informó que más de 2.600 familias recibieron nuevas conexiones o mejoras en la calidad del servicio.

La nueva inversión proyectada apunta a continuar ampliando la capacidad de distribución y abastecimiento, con intervenciones que buscan acompañar las necesidades sociales y productivas de diferentes regiones.

¿Qué significa para el Valle de Uco?

La inclusión de San Carlos dentro de las zonas contempladas abre un interrogante importante para el desarrollo regional: cómo acompañar con infraestructura eléctrica el crecimiento de las actividades productivas, agrícolas, ganaderas y turísticas.

La disponibilidad de energía y la calidad del suministro son factores determinantes para la radicación de emprendimientos, la incorporación de tecnología, los sistemas de riego y la expansión de actividades económicas.

En una región donde la producción y el turismo representan dos motores fundamentales, fortalecer las redes eléctricas también significa mejorar las condiciones para futuras inversiones.

Sin embargo, todavía resta conocer qué obras específicas se ejecutarán en San Carlos, cuáles serán sus plazos y qué sectores recibirán los beneficios directos.

Energía y crecimiento: uno de los desafíos de Mendoza

Durante el foro también se abordaron cuestiones vinculadas con la transición energética, las energías renovables, la generación hidroeléctrica, la electromovilidad y la modernización de las redes.

Otro de los ejes estuvo relacionado con las nuevas demandas energéticas de sectores como la minería, la actividad hidrocarburífera y la industria.

El desafío para Mendoza será transformar los anuncios de inversión en infraestructura concreta, capaz de garantizar un suministro confiable y acompañar el crecimiento económico de cada región.

Para el Valle de Uco, la planificación energética representa una cuestión estratégica: el desarrollo futuro no dependerá solamente de la disponibilidad de tierras, agua o inversiones, sino también de contar con los servicios y la infraestructura necesarios para sostener ese crecimiento.

"La pregunta que queda planteada es qué obras llegarán efectivamente al Valle de Uco y cuándo comenzarán a concretarse."

El Gobierno de Mendoza autorizó la liquidación de más de $23.372 millones para los 18 municipios de la provincia, correspondientes a la primera quincena de octubre de 2026. La medida contempla recursos de coparticipación y partidas vinculadas al financiamiento educativo, en un contexto en el que las cuentas municipales son fundamentales para sostener servicios y obras locales.

Según la información publicada el 27 de octubre, el monto total se compone de aproximadamente $19.375 millones del régimen general de Participación Municipal y otros $3.997 millones correspondientes al Financiamiento Educativo.

¿Cómo se compone el desembolso?

Del total autorizado, la mayor parte corresponde al régimen general de participación municipal. A esa suma se agregan casi $4.000 millones vinculados con los recursos destinados al financiamiento educativo.

La distribución se realiza de acuerdo con los coeficientes establecidos para el ejercicio 2026 y el marco normativo vigente.

Sin embargo, el monto bruto autorizado no equivale necesariamente al dinero neto que recibe cada comuna. La liquidación contempla descuentos por obligaciones previsionales y de cobertura social.

Los descuentos previstos

La resolución incluye retenciones por aproximadamente $1.319 millones sobre los fondos del régimen general para cancelar obligaciones municipales con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Caja de Seguro Mutual y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).

Además, se estableció una retención específica de $76 millones para Luján de Cuyo, vinculada con el fideicomiso de resarcimiento por los daños de la promoción industrial.

¿Cuánto recibirá cada departamento?

Uno de los datos centrales para conocer el impacto de la medida es el monto que le corresponde a cada municipio.

La información publicada no detalla las asignaciones individuales de las 18 comunas. Para establecer cuánto corresponde a Tunuyán, Tupungato, San Carlos y al resto de los departamentos, es necesario consultar la planilla anexa de distribución. https://media.mendoza.gob.ar/informacion-oficial/uploads/sites/11/2026/10/Resol.-Nro.-233-HyF-26-PM-1o-10-26.pdf

El dato es relevante porque permite conocer con mayor precisión cómo se distribuyen los recursos públicos y qué volumen de fondos se asigna a cada administración local.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza, información sobre la liquidación de la Participación Municipal correspondiente a la primera quincena de octubre de 2026.

MENDOZA. Los estudiantes de nivel superior que se preparan para convertirse en docentes tienen una nueva oportunidad de acceder a asistencia económica en Mendoza. La Dirección General de Escuelas (DGE) amplió el Programa Provincial de Becas 2026 e incorporó dos carreras consideradas prioritarias para cubrir necesidades del sistema educativo: los profesorados de Inglés y Educación Especial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 6978 y alcanza a estudiantes de institutos de educación superior, tanto públicos como privados. El plazo para presentar las solicitudes vence el viernes 6 de noviembre de 2026.

Cuánto dinero pueden recibir los estudiantes

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es el monto de la ayuda económica, que se calcula tomando como referencia el haber básico de un maestro de grado de primaria común, con jornada simple.

De acuerdo con los detalles publicados sobre el programa:

• Estudiantes de tercer año del Profesorado de Inglés: pueden percibir el equivalente al 40% del haber básico de referencia.

• Estudiantes de cuarto año del Profesorado de Inglés: pueden percibir el equivalente al 50% del haber básico.

• Estudiantes de Educación Especial: la convocatoria contempla a alumnos avanzados de cuarto año que cursen la Práctica Profesional Docente IV o a quienes les resten entre uno y cuatro espacios curriculares para comenzar esa instancia.

Los pagos se realizan mensualmente desde el alta del beneficio y hasta marzo de 2027, según las condiciones establecidas para la convocatoria.

El importe final en pesos depende del haber básico utilizado como referencia. Por ese motivo, no corresponde atribuirle una suma fija sin verificar la liquidación vigente.

Qué requisitos deben cumplir

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursen las carreras incluidas en la ampliación y cumplan las condiciones académicas y administrativas correspondientes.

Entre los requisitos informados figuran:

• Mantener una trayectoria académica sostenida.

• Contar con una cuenta bancaria unipersonal en el Banco Nación, radicada en Mendoza.

• Completar la postulación digital mediante el Sistema de Educación Superior (DES).

• Cumplir las condiciones específicas establecidas para cada carrera.

El beneficio es compatible con otras asignaciones o programas sociales, de acuerdo con la información publicada sobre la convocatoria.

Además, la beca contempla un compromiso de contraprestación de servicios en el sistema educativo provincial, por lo que es importante revisar las condiciones completas antes de presentar la solicitud.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

Los interesados deben completar el trámite de manera virtual a través de los canales oficiales de la Dirección General de Escuelas y consultar los formularios, la documentación requerida y las condiciones específicas de la convocatoria.

La fecha límite para inscribirse es el 6 de noviembre de 2026.

La ampliación responde a la necesidad de fortalecer la formación de docentes en áreas donde se identificaron dificultades para cubrir los cargos disponibles en las escuelas mendocinas.

Por qué se incorporaron estas carreras

El programa ya contemplaba especialidades como Matemática, Física y Química. Ahora, la Provincia decidió sumar Inglés y Educación Especial a partir de un diagnóstico sobre la disponibilidad de profesionales y las necesidades futuras del sistema educativo.

La medida busca acompañar a estudiantes avanzados para favorecer la continuidad y finalización de sus estudios y, al mismo tiempo, contribuir a cubrir vacantes docentes en áreas estratégicas.

Para quienes cursan estas carreras en el Valle de Uco y en otros departamentos de Mendoza, la convocatoria representa una alternativa de apoyo económico que conviene consultar antes del cierre de las inscripciones.

Fuente: Dirección General de Escuelas de Mendoza, Resolución N.º 6978 y Diario UNO.

Mendoza dio un paso importante para recuperar parte de su infraestructura hidroeléctrica. El Gobierno provincial formalizó un acuerdo de indemnización por aproximadamente US$ 67 millones para reparar los daños que afectaron al complejo Los Nihuiles durante el fenómeno climático de enero de 2025.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 2052, publicado en el Boletín Oficial este viernes 23 de octubre. El convenio involucra a la Provincia, las empresas vinculadas con la operación del complejo y las dos compañías aseguradoras responsables de la cobertura.

Sin embargo, hay una diferencia importante: la aprobación del acuerdo no significa necesariamente que los fondos ya estén depositados. El ingreso efectivo del dinero y el cumplimiento de los plazos de pago deberán ser controlados por las autoridades provinciales.

QUÉ OCURRIÓ EN LOS NIHUILES

El 11 de enero de 2025, un fenómeno climático provocó graves daños en las centrales hidroeléctricas Nihuil II y Nihuil III, ubicadas en el sur de Mendoza.

Las inundaciones afectaron instalaciones y salas de máquinas, lo que obligó a sacar de servicio ambas centrales y abrió un proceso de negociación para determinar la indemnización correspondiente.

Tras meses de gestiones, el Gobierno logró cerrar un acuerdo con las aseguradoras. Según la información publicada por Los Andes, el monto convenido asciende a US$ 67 millones.

La cobertura se encontraba distribuida entre Nación Seguros, con una participación del 92,5%, y La Meridional, responsable del 7,5% restante.

¿A DÓNDE IRÁN LOS US$ 67 MILLONES?

El decreto establece que los recursos que perciba Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la empresa estatal que administra transitoriamente el complejo, deberán utilizarse para la recuperación, reparación, rehabilitación y puesta en servicio del sistema hidroeléctrico.

Esto significa que el dinero tiene un destino específico: recuperar la infraestructura dañada y avanzar hacia la restitución de su capacidad operativa.

El Ministerio de Energía y Ambiente, junto con HEMSA y la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), tendrá responsabilidades de seguimiento y control. Entre ellas se encuentran verificar el ingreso de los fondos y supervisar el cumplimiento del acuerdo.

Por el momento, no corresponde afirmar que las obras ya comenzaron con este dinero ni que existe una fecha definitiva para la recuperación completa de las centrales.

UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA MENDOZA

Los Nihuiles es una pieza importante del sistema hidroeléctrico provincial. La recuperación de las centrales afectadas resulta relevante para la generación eléctrica y para el aprovechamiento de los recursos hídricos del sur mendocino.

El proceso también se desarrolla mientras Mendoza y la Nación avanzan en una nueva concesión del complejo, que contempla la selección de un futuro operador privado y un esquema de inversiones para modernizar las instalaciones.

La Provincia había informado en julio que HEMSA asumió formalmente los bienes del sistema y que el proceso de nueva concesión apunta a recuperar y modernizar la infraestructura.

EL ACUERDO TAMBIÉN ABRE UNA DISCUSIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA

Aunque el convenio fue ratificado, el Gobierno dispuso mantener bajo reserva su anexo y parte de la documentación técnica, económica, contable y contractual hasta que concluya su ejecución.

El argumento oficial es que la difusión anticipada podría perjudicar los intereses patrimoniales de las partes o afectar eventuales controversias.

La reserva, sin embargo, no elimina las obligaciones de fiscalización y control público. Por eso, la evolución del pago, la aplicación de los recursos y el avance de las reparaciones serán aspectos centrales para seguir la noticia.

LO QUE VIENE

El próximo paso será comprobar cuándo se concreta el desembolso y cómo se traducen esos recursos en trabajos concretos sobre las instalaciones dañadas.

Para Mendoza, el desafío no termina con la firma del acuerdo: consiste en transformar la indemnización en infraestructura recuperada, mayor capacidad de generación y una operación más eficiente del complejo.

"Los US$ 67 millones representan un avance financiero importante. El resultado definitivo se medirá cuando el dinero ingrese, las obras avancen y las centrales puedan recuperar su funcionamiento."

Un indicador que vuelve a encender las alertas

El mercado laboral del Gran Mendoza enfrenta un escenario que merece atención. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación alcanzó el 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del 6,4% registrado en el mismo período del año anterior.

La diferencia representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales en doce meses y refleja mayores dificultades para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo.

La medición corresponde al aglomerado urbano Gran Mendoza, por lo que no debe interpretarse como una tasa que represente por igual a todos los departamentos de la provincia.

Sin embargo, constituye una referencia relevante para analizar la situación económica de Mendoza, especialmente por el peso del principal centro urbano en la actividad comercial, administrativa y de servicios.

Más personas buscan trabajo

Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad del Gran Mendoza se ubicó en el 50,3%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 46,2%.

En comparación con el primer trimestre, el porcentaje de población ocupada aumentó desde el 44,8% hasta el 46,2%. Al mismo tiempo, la desocupación pasó del 7,3% al 8,1%.

Esta combinación muestra una dinámica importante: más personas se incorporaron al mercado laboral, pero el aumento de la ocupación no fue suficiente para evitar que también creciera la proporción de quienes buscaban trabajo sin conseguirlo.

En términos concretos, una mejora en la cantidad de personas ocupadas no necesariamente significa que el problema del desempleo esté resuelto. También importa cuántas personas salen a buscar trabajo y qué características tienen los puestos disponibles.

El problema no es solamente conseguir empleo

Otro indicador que genera preocupación es la subocupación, que llegó al 17% en el Gran Mendoza durante el segundo trimestre de 2026, según el análisis del mercado laboral publicado por Mendoza Económico.

La subocupación refleja situaciones en las que las personas trabajan menos horas de las que desean y están disponibles para trabajar más.

Esto permite observar una dimensión que la tasa de desempleo no muestra por sí sola: existen personas que tienen una ocupación, pero que necesitan ampliar sus horas de trabajo para mejorar sus ingresos.

Para muchas familias, la diferencia entre tener empleo y contar con un trabajo suficiente puede ser determinante a la hora de afrontar los gastos cotidianos.

Por eso, el análisis del mercado laboral requiere considerar no solamente la cantidad de personas ocupadas, sino también las horas trabajadas, la estabilidad de los puestos y los ingresos que generan.

¿Qué significa para la economía mendocina?

La evolución del empleo está vinculada con la capacidad de las empresas para sostener su actividad, ampliar sus operaciones y contratar personal.

El comercio, la construcción, la industria, el turismo y los servicios son sectores que deben observarse para comprender cómo se distribuyen las oportunidades laborales en la provincia.

No obstante, las cifras generales del INDEC no permiten atribuir el aumento del desempleo a una actividad económica específica sin contar con información adicional.

El desafío consiste en identificar qué sectores están generando nuevos puestos de trabajo, cuáles enfrentan dificultades y qué perfiles laborales necesitan las empresas que buscan personal.

También resulta importante analizar las posibilidades de capacitación, la incorporación de jóvenes al primer empleo y las herramientas disponibles para quienes llevan meses buscando una oportunidad laboral.

El desafío de generar trabajo de calidad

Los datos muestran que el mercado laboral del Gran Mendoza necesita generar oportunidades capaces de acompañar a una población cada vez más activa en la búsqueda de ingresos.

No alcanza con observar si la tasa de empleo sube o baja de un trimestre a otro. También es necesario evaluar si los puestos creados son suficientes, si ofrecen estabilidad y si permiten sostener los gastos de los hogares.

Para la provincia, la discusión pasa por cómo fortalecer la actividad productiva, acompañar a las empresas que contratan personal y facilitar la formación de trabajadores en sectores con posibilidades de expansión.

La evolución de los próximos informes permitirá determinar si el deterioro interanual se revierte o si las dificultades para conseguir empleo continúan.

"El dato que deja el segundo trimestre es contundente: la desocupación del Gran Mendoza llegó al 8,1% y la subocupación al 17%. Detrás de esos porcentajes hay un desafío económico y social que exige respuestas concretas: generar más oportunidades y mejorar la calidad del trabajo."

Fuentes verificables

• INDEC

• Mendoza Económico — Mercado laboral de Mendoza: el desempleo creció 1,7 puntos.

Las cuentas provinciales, bajo la lupa

Mendoza registró una caída real del 1,2% en sus recursos durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2026, en comparación con los mismos meses del año anterior. De acuerdo con un informe publicado por Mendoza Times, los ingresos provinciales alcanzaron los $3,72 billones, aunque no lograron compensar el efecto de la inflación.

El dato abre interrogantes sobre la evolución de los recursos públicos en un contexto en el que la Provincia busca sostener el equilibrio fiscal, financiar obras y mantener sus compromisos de gestión.

La caída no fue uniforme: los recursos tributarios provinciales retrocedieron un 2,4% real, mientras que las transferencias de origen nacional disminuyeron un 0,4%.

Los impuestos que más retrocedieron

Entre los principales componentes de la recaudación, el impuesto de Sellos mostró una de las mayores caídas: un 15,8% real interanual. El retroceso se vinculó, principalmente, con la reducción gradual de alícuotas impulsada por el Gobierno provincial.

Las regalías también presentaron una disminución significativa. Hasta septiembre, aportaron $161.948 millones, con una caída real del 7,8%. Entre los factores señalados figuran la menor producción petrolera, los cambios en las condiciones tributarias de nuevas concesiones y la evolución del tipo de cambio real.

Por su parte, Ingresos Brutos, uno de los principales recursos propios de Mendoza, sumó $1,045 billones, pero registró una baja real del 0,7%.

El Inmobiliario fue la excepción

En medio del retroceso general, el impuesto Inmobiliario creció un 8,4% real durante los primeros nueve meses del año.

El resultado estuvo relacionado, entre otros factores, con cambios en la zonificación y en los avalúos de los inmuebles. Por eso, el incremento no puede atribuirse exclusivamente a una mejora de la actividad económica.

El impuesto Automotor, en cambio, cayó un 2,3% real, mientras que el conjunto de los tributos patrimoniales registró una suba del 1,6%.

¿Qué significa para los mendocinos?

La recaudación es una variable clave para entender la capacidad financiera de una provincia. Sus recursos permiten sostener servicios públicos, afrontar gastos de funcionamiento y desarrollar infraestructura.

Sin embargo, una caída real de los ingresos no implica por sí sola que exista un déficit fiscal. Para conocer la situación completa también es necesario analizar la evolución del gasto público, el endeudamiento, los resultados presupuestarios y las transferencias recibidas.

El desafío para Mendoza consiste en sostener sus cuentas y, al mismo tiempo, impulsar la inversión y la actividad económica en sus distintas regiones.

Una señal para seguir de cerca

La evolución de los ingresos provinciales será uno de los indicadores importantes para observar durante el último trimestre de 2026. Los próximos datos permitirán evaluar si la tendencia se profundiza o si los recursos comienzan a recuperarse.

Para el Valle de Uco, donde la producción agropecuaria, el turismo y las inversiones inmobiliarias tienen un papel relevante, el desempeño de la economía provincial también importa: las decisiones fiscales y la capacidad de inversión pública pueden influir en la infraestructura y las condiciones para el desarrollo regional.

Fuente de referencia: Mendoza Time.

Mendoza comienza una nueva temporada hídrica con un escenario que marca un cambio importante después de varios años de sequía.

El Departamento General de Irrigación presentó el Pronóstico de Escurrimientos 2026/2027 y los números anticipan una temporada con mayor disponibilidad de agua en buena parte de las cuencas mendocinas.

Uno de los datos que más interesa al Valle de Uco está en el río Tunuyán. Para la temporada que comenzó el 1 de octubre se estima un derrame de aproximadamente 990 hectómetros cúbicos, equivalente al 117% de un año medio.

Si se toma además el sistema conformado por el río Tunuyán y sus arroyos, la previsión alcanza los 1.340 hm³, alrededor de un 111% de un año medio.

Un alivio después de años de escasez

El pronóstico representa una noticia positiva para Mendoza, especialmente para una provincia donde el agua es uno de los recursos estratégicos más importantes para la producción, el consumo y el desarrollo territorial.

La mejora está vinculada principalmente con las condiciones de acumulación de nieve en la Cordillera durante el último invierno.

Irrigación calificó el escenario general como “húmedo” en varias cuencas y destacó que los mayores incrementos se esperan en sectores como los ríos Mendoza y Tunuyán.

Para el río Mendoza, por ejemplo, se proyectan unos 1.780 hm³, mientras que el río Diamante tendría una previsión cercana a los 1.090 hm³.

Pero tener más agua también plantea un desafío: administrarla correctamente.

Más agua, pero también más prevención

El cambio en el escenario hídrico llega acompañado de otra decisión que puede tener enorme importancia para Mendoza.

La Provincia avanza en la implementación de un Sistema de Alerta Temprana Hidrológico, pensado para integrar información meteorológica, hidrológica y territorial en tiempo real.

El objetivo es detectar con mayor anticipación posibles crecidas, aluviones, tormentas severas y otros eventos climáticos extremos, permitiendo mejorar la respuesta de los organismos de emergencia y reducir riesgos para la población.

La iniciativa cobra especial relevancia ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño, que puede generar episodios de precipitaciones más intensas y eventos extremos.

El desafío para Mendoza

El nuevo escenario abre una oportunidad para la producción mendocina, pero también obliga a reforzar la planificación.

Más agua significa mejores perspectivas para los sectores agrícolas y para las actividades que dependen directamente del recurso, aunque la distribución y administración seguirán siendo determinantes.

En el Valle de Uco, donde el agua sostiene buena parte de la producción agrícola y vitivinícola, el comportamiento del río Tunuyán será seguido especialmente de cerca durante los próximos meses.

Después de años en los que la escasez hídrica condicionó decisiones productivas y puso en alerta a toda la provincia, Mendoza comienza ahora una temporada diferente: con más nieve acumulada, mayores caudales previstos y el desafío de transformar esa mayor disponibilidad en desarrollo, sin descuidar la prevención frente a posibles excesos.

Una temporada para mirar de cerca

El pronóstico no significa que el problema hídrico esté definitivamente resuelto. La gestión del agua continuará siendo una cuestión central para Mendoza.

Pero los números permiten comenzar el nuevo año hidrológico con una perspectiva diferente.

"Para el Valle de Uco, el dato es especialmente significativo: el río Tunuyán tendría una temporada por encima de un año medio, en un momento en que cada metro cúbico de agua resulta clave para la producción y el crecimiento de la región."

Fuentes: Departamento General de Irrigación, Gobierno de Mendoza, Los Andes y Sitio Andino.

Mendoza vuelve a poner la mirada sobre uno de los recursos energéticos más importantes de la Argentina.

En el sur provincial, el departamento de Malargüe concentra una porción significativa de la formación geológica Vaca Muerta, una zona que durante los últimos años se convirtió en uno de los principales motores de la producción de hidrocarburos del país.

Para Mendoza, el desafío ya no pasa solamente por tener recursos debajo de la tierra.

La discusión es cómo convertir ese potencial en inversiones, producción, empleo y desarrollo económico.

Una oportunidad que mira más allá de Malargüe

El desarrollo de Vaca Muerta suele asociarse principalmente con Neuquén, pero la formación también se extiende hacia territorio mendocino.

En este escenario, Malargüe aparece como una pieza estratégica dentro de la política energética provincial.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera podría generar demanda de trabajadores, empresas de servicios, transporte, logística, infraestructura y proveedores vinculados a la industria.

Y el impacto potencial no necesariamente quedaría limitado al sur de Mendoza.

Una expansión sostenida de la actividad podría generar oportunidades para empresas y trabajadores de distintos puntos de la provincia.

El desafío de atraer inversiones

Para que ese potencial se transforme en producción, Mendoza necesita avanzar en infraestructura, seguridad jurídica, servicios y condiciones que permitan atraer capitales.

La industria petrolera requiere inversiones de gran magnitud y necesita rutas, energía, agua, logística, servicios especializados y mano de obra capacitada.

Por eso, el desarrollo de Vaca Muerta también plantea una discusión sobre la infraestructura que Mendoza deberá construir durante los próximos años.

¿Puede cambiar la economía mendocina?

La pregunta empieza a instalarse con fuerza.

Mendoza tiene una economía históricamente vinculada a la vitivinicultura, la agricultura, el turismo y otras actividades productivas.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera podría sumar un nuevo componente de peso a esa estructura.

Para la provincia, el desafío será lograr que esa eventual expansión energética se traduzca en más empleo, desarrollo de proveedores locales, capacitación y obras de infraestructura.

Del subsuelo a la economía real

El verdadero impacto de Vaca Muerta no se mide solamente en barriles de petróleo.

También se mide en trabajadores contratados, empresas que abren sus puertas, camiones que circulan, inversiones que llegan y obras que quedan.

Ese es el desafío que enfrenta Mendoza.

Malargüe tiene debajo de su territorio un recurso estratégico. Ahora la provincia busca generar las condiciones para que ese recurso pueda convertirse en una oportunidad concreta de desarrollo.

"La carrera por Vaca Muerta no es solamente energética. También es una carrera por empleo, inversiones y futuro económico. Y Mendoza quiere ser parte de ella".

Fuentes: Gobierno de Mendoza – Ministerio de Energía y Ambiente; Diario Los Andes.

Mendoza sumará en los próximos días una nueva alternativa de movilidad. DiDi anunció oficialmente su desembarco en la provincia, acompañado por una inversión de US$1 millón y nuevas herramientas destinadas tanto a pasajeros como a conductores.

La compañía informó que comenzará sus operaciones próximamente y que aplicará inicialmente una comisión del 10% a los conductores, además de promociones para incentivar el uso de la plataforma durante su llegada a Mendoza.

El desembarco también incorpora herramientas de seguridad y tecnología para gestionar los viajes, en un mercado donde las aplicaciones de movilidad vienen ganando espacio.

Una inversión que mueve el mercado

La llegada de DiDi representa una nueva competencia dentro del sector de transporte mediante aplicaciones y abre una nueva alternativa para los usuarios mendocinos.

La empresa busca captar tanto pasajeros como conductores y comenzar a construir su presencia en la provincia desde los primeros días de funcionamiento.

El dato central es la inversión anunciada: US$1 millón para su llegada a Mendoza, en un momento en que la movilidad urbana continúa transformándose a partir de las plataformas digitales.

Fuente: Los Andes.

Mendoza volvió a poner al petróleo y al gas en el centro de su estrategia productiva. Mientras la Provincia avanza con una reforma integral de la legislación hidrocarburífera, funcionarios mendocinos participan esta semana en Brasil de uno de los principales encuentros internacionales de la industria energética.

La presencia provincial se desarrolla en ROG.e 2026 (Rio Oil & Gas Energy), que tiene lugar en Río de Janeiro entre el 21 y el 24 de septiembre. Allí Mendoza busca mostrar ante empresas, operadores e inversores el potencial de sus recursos convencionales y no convencionales.

La estrategia combina promoción internacional, nuevas inversiones y un cambio en las reglas que regulan la actividad.

Una provincia que busca atraer capital

El Gobierno mendocino llega al encuentro internacional con una cartera que incluye áreas convencionales, oportunidades de exploración y el potencial de los recursos no convencionales asociados a la formación Vaca Muerta en territorio provincial.

El objetivo declarado es generar vínculos con compañías interesadas en invertir y transformar ese interés en nuevos proyectos de exploración y producción.

La apuesta no se limita a la promoción en el exterior. En paralelo, Mendoza trabaja sobre el marco legal que pretende utilizar durante los próximos años.

Una nueva Ley de Hidrocarburos

El Poder Ejecutivo provincial envió recientemente a la Legislatura un proyecto que busca reemplazar la normativa vigente desde 2006.

La iniciativa propone actualizar las reglas para adaptarlas a la evolución tecnológica y productiva del sector y contempla herramientas diferentes para las áreas maduras y para los proyectos no convencionales.

Uno de los cambios centrales está relacionado con las regalías. El proyecto plantea una regalía de referencia del 15%, pero permite que las empresas puedan ofertar porcentajes diferentes de acuerdo con las características y condiciones económicas de cada área.

La propuesta también establece que, al momento de adjudicar una concesión, no solamente se tendrá en cuenta la regalía ofrecida: las inversiones comprometidas y el proyecto productivo tendrán un peso relevante en la evaluación.

Para los yacimientos maduros, además, se contemplan incentivos destinados a recuperar producción, reactivar pozos y aplicar nuevas tecnologías.

Vaca Muerta entra formalmente en el esquema provincial

Otro punto relevante es la incorporación específica de la explotación no convencional.

El proyecto contempla un régimen para este tipo de actividad, una modificación especialmente importante para Malargüe, donde Mendoza posee parte de la denominada lengua mendocina de Vaca Muerta.

El desarrollo de estos recursos requiere inversiones de mayor escala, infraestructura y planificación de largo plazo. Por eso, la Provincia busca establecer reglas específicas que permitan encuadrar esos proyectos dentro de la legislación local.

Dos nuevas áreas y más de US$ 6 millones comprometidos

La búsqueda de inversiones ya se tradujo en nuevos proyectos.

Mendoza adjudicó recientemente las áreas Río Atuel y Atuel Exploración Sur a Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Hattrick Energy, respectivamente.

Entre ambas empresas comprometieron US$ 6,134 millones durante el primer período exploratorio. Los trabajos incluyen estudios sísmicos, intervención de pozos y nuevas perforaciones.

En Río Atuel, PCR comprometió aproximadamente US$ 3,593 millones, mientras que Hattrick destinó unos US$ 2,541 millones para Atuel Exploración Sur.

Las dos áreas abarcan en conjunto más de 1.160 kilómetros cuadrados y tendrán inicialmente un período exploratorio de tres años, con posibilidad de una segunda etapa de dos años si se cumplen las obligaciones previstas.

Con estas adjudicaciones, Mendoza alcanzó nueve áreas otorgadas dentro del esquema de licitación pública impulsado por la Provincia.

El impacto que busca Mendoza

La exploración petrolera no solamente implica perforaciones.

Cada nuevo proyecto moviliza empresas de servicios, transporte, logística, equipamiento, profesionales y trabajadores especializados. Los programas de sísmica, perforación e intervención de pozos requieren una cadena de proveedores que puede generar actividad económica en distintas localidades.

Las nuevas áreas adjudicadas, de hecho, contemplan trabajos que demandarán servicios especializados y personal técnico durante las distintas etapas del proceso exploratorio.

La nueva legislación también incorpora disposiciones destinadas a priorizar proveedores y trabajadores locales.

Ambiente y control

La reforma propuesta incluye además nuevas exigencias ambientales.

El proyecto establece obligaciones relacionadas con la prevención y mitigación de impactos, monitoreos, restauración ambiental y cierre de pozos e instalaciones.

También plantea mecanismos para que las obligaciones ambientales continúen vigentes aun cuando una empresa abandone un área y contempla declaraciones periódicas de buenas prácticas vinculadas con ambiente, capacitación, proveedores locales, seguridad y transparencia.

El desafío será encontrar un equilibrio entre atraer inversiones, sostener la producción y garantizar controles ambientales durante todo el ciclo de los proyectos.

Mendoza mira hacia los próximos años

La combinación de nuevas áreas, promoción internacional y reforma legislativa muestra una estrategia provincial orientada a ampliar el desarrollo hidrocarburífero.

Mientras funcionarios mendocinos buscan nuevos inversores en Brasil, la Legislatura deberá analizar un proyecto que propone modificar las reglas de una actividad que lleva décadas siendo parte de la matriz económica provincial.

El resultado de este proceso tendrá particular importancia para el sur mendocino y, especialmente, para el desarrollo de los recursos no convencionales de Malargüe.

Para Mendoza, la discusión ya no pasa solamente por cuánto petróleo puede producir hoy, sino por qué condiciones necesita la provincia para sostener, ampliar y transformar esa producción durante las próximas décadas.

Fuentes: Cámara de Diputados de Mendoza, Sitio Andino, Los Andes y cobertura especializada del sector energético.

Una noticia que impactará directamente en el bolsillo de miles de familias mendocinas comenzó a tomar forma esta semana: el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) sancionó a EDEMSA con una multa de $5.368.569.989,40 y dispuso que una parte de ese dinero sea destinada a compensar a los usuarios afectados por deficiencias en la calidad del servicio eléctrico.

La medida corresponde al 33° semestre de control, cuyo período de evaluación finalizó el 31 de julio de 2025. Aunque el período auditado pertenece al año pasado, la resolución y sus efectos económicos se conocieron ahora y comenzarán a verse reflejados en las facturas de los usuarios alcanzados.

¿Cuánto dinero volverá a los usuarios?

Del monto total de la sanción aplicada a EDEMSA, el EPRE estableció que más de $3.495 millones sean destinados a bonificaciones para usuarios con suministros de baja tensión.

A esto se suman otros $239,8 millones destinados a clientes de media y alta tensión.

En total, las bonificaciones vinculadas a los usuarios superan los $3.735 millones.

Según explicó el titular del EPRE, Cristian Azar, la bonificación promedio para un usuario residencial rondaría los $39.400.

Pero hay una aclaración importante: no todos recibirán el mismo monto.

El crédito se determina de acuerdo con las características de cada suministro y los parámetros técnicos utilizados por el organismo regulador.

¿Por qué se aplicó la sanción?

El EPRE controla periódicamente la calidad del servicio que brindan las distribuidoras eléctricas.

Entre los parámetros analizados se encuentran, entre otros aspectos, la cantidad de interrupciones y el tiempo que los usuarios permanecen sin suministro.

También se evalúa la denominada calidad del producto técnico, relacionada con las condiciones en las que la electricidad llega a los hogares y establecimientos, incluyendo eventuales variaciones de tensión.

Cuando las distribuidoras se apartan de los límites establecidos por la normativa, el organismo puede aplicar sanciones y disponer mecanismos de compensación para los usuarios afectados.

¿Hay que hacer un trámite?

No.

Uno de los puntos más importantes para los usuarios es que la bonificación será aplicada de manera automática a quienes estén incluidos dentro del universo determinado por el EPRE.

Es decir, no será necesario presentar un reclamo individual para acceder al crédito correspondiente.

La devolución aparecerá directamente en las facturas de electricidad correspondientes. En determinados casos, el crédito podría distribuirse en más de una factura.

¿Cómo saber si me corresponde?

El EPRE habilitó una herramienta para que los usuarios puedan consultar si su suministro fue incluido y cuál será el monto de la bonificación.

Para realizar la consulta se necesita tener a mano la factura de electricidad y localizar el número de suministro.

El usuario debe ingresar ese dato en el apartado de “Bonificaciones a usuarios” del sitio del EPRE.

De esta manera podrá conocer si existe un crédito asociado a su suministro y, en caso afirmativo, cuál es el importe correspondiente.

No todos los clientes de EDEMSA recibirán el descuento

Este punto es fundamental.

La medida no significa que todos los usuarios de EDEMSA recibirán automáticamente una devolución.

La bonificación está dirigida a los suministros identificados por el EPRE dentro de los parámetros correspondientes a los períodos de control auditados.

Por eso, dos usuarios de la misma empresa distribuidora pueden tener situaciones diferentes y recibir créditos distintos —o no recibirlos— según los registros técnicos asociados a cada suministro.

También hubo sanciones a cooperativas

La resolución no involucró únicamente a EDEMSA.

El EPRE también sancionó a CECSAGAL, distribuidora que presta servicio en General Alvear, con una penalidad de más de $123 millones, de los cuales más de $113 millones serán destinados a bonificaciones para usuarios de baja tensión.

También fue sancionada la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande, con una penalidad cercana a los $833.000 por incumplimientos vinculados con la calidad del producto técnico.

En conjunto, el organismo informó que las medidas alcanzarán a alrededor de 146.000 usuarios mendocinos.

¿Qué pasa si un electrodoméstico se rompe por una falla eléctrica?

El titular del EPRE también explicó que los usuarios tienen derecho a reclamar cuando una falla, baja u oscilación de tensión provoca daños en electrodomésticos.

En esos casos, el primer reclamo debe realizarse ante la distribuidora correspondiente.

Si la empresa no responde dentro del plazo establecido o la respuesta no resulta satisfactoria, el usuario puede recurrir posteriormente al EPRE.

El organismo puede analizar los registros técnicos de la red y contrastarlos con la información aportada por el usuario para determinar si existe relación entre el problema eléctrico y el daño denunciado.

Una devolución que vuelve a poner la calidad del servicio bajo la lupa

La medida representa una de las sanciones económicas más importantes aplicadas recientemente dentro del esquema de control del servicio eléctrico mendocino.

Para los usuarios, el dato central es concreto: una parte de la penalidad aplicada a la distribuidora regresará a los suministros alcanzados en forma de crédito en la factura.

Y aunque el promedio residencial informado ronda los $39.400, cada usuario deberá consultar su número de suministro para conocer si está incluido y cuál será exactamente el monto que le corresponde.

En un contexto donde la factura de electricidad representa un gasto importante para los hogares, una bonificación de estas características puede significar un alivio concreto en las próximas boletas.

Fuentes: EPRE Mendoza, resoluciones del organismo regulador.

Mendoza atraviesa una etapa de fuerte movimiento en materia energética. El desarrollo de Vaca Muerta en territorio provincial, la recuperación de yacimientos convencionales y la llegada de nuevas inversiones comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda económica mendocina.

Durante el Mendoza Energy Summit 2026, que reunió a representantes de más de 150 empresas vinculadas con energía, petróleo y minería, el gobernador Alfredo Cornejo presentó los principales proyectos en marcha y confirmó nuevas perforaciones en el Sur provincial.

La novedad que concentra buena parte de la expectativa es que durante octubre comenzará una nueva campaña de perforación en Vaca Muerta Mendoza, con nuevos pozos de YPF y dos pozos piloto en el área Cañadón Amarillo, en Malargüe.

El movimiento concreto de Vaca Muerta

El desarrollo de la formación no convencional en Mendoza busca pasar de la etapa de evaluación a una instancia de mayor actividad sobre el terreno.

En Cañadón Amarillo, la UTE integrada por Quintana Energy y TSB contempla una inversión inicial de US$44 millones durante los primeros tres años. Si los resultados de los pozos piloto confirman el potencial esperado, el proyecto podría alcanzar inversiones de hasta US$350 millones.

La empresa ya completó una campaña de sísmica 3D sobre 202,5 kilómetros cuadrados, una herramienta clave para conocer las características del subsuelo antes de avanzar con nuevas perforaciones.

En paralelo, YPF prepara nuevos pozos en la formación, lo que marca una nueva instancia para el desarrollo de Vaca Muerta dentro de los límites mendocinos.

Más de US$1.000 millones en compromisos

El Gobierno provincial también presentó un escenario de inversiones que supera los US$1.000 millones en proyectos vinculados con la exploración y explotación de hidrocarburos.

El objetivo es combinar el desarrollo del no convencional con la recuperación de campos maduros que todavía tienen potencial productivo.

La estrategia oficial contempla además nuevas adjudicaciones, inversiones privadas y mecanismos destinados a generar condiciones para que las empresas vuelquen recursos hacia Mendoza.

La Provincia viene utilizando un esquema de licitación continua para agilizar la adjudicación de áreas y atraer operadores. En septiembre, por ejemplo, se anunciaron adjudicaciones de áreas con compromisos de inversión superiores a los US$45 millones, con concesiones por 25 años.

Una nueva Ley de Hidrocarburos

El otro gran movimiento se desarrolla en la Legislatura.

El Ejecutivo provincial presentó un proyecto para reemplazar el marco normativo vigente y actualizar la regulación de la actividad hidrocarburífera después de dos décadas.

La iniciativa incorpora herramientas para definir regalías e inversiones, incentivos para áreas maduras, un régimen específico para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta y mayores exigencias ambientales.

Entre los cambios propuestos aparece una regalía de referencia del 15% para futuras licitaciones, aunque las empresas podrían ofertar porcentajes diferentes de acuerdo con las características económicas de cada área. El proyecto también contempla la posibilidad de reducir regalías para determinados campos maduros o proyectos de menor productividad con el objetivo de hacer viable su explotación.

El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente, por lo que sus disposiciones forman parte de una iniciativa en discusión y no de una norma vigente.

El desafío: que la inversión llegue a la economía mendocina

Más allá de los números vinculados al petróleo, uno de los puntos centrales para Mendoza será determinar cuánto de este movimiento energético puede traducirse en actividad para empresas y trabajadores locales.

La expansión de proyectos de esta magnitud demanda servicios especializados, transporte, mantenimiento, logística, infraestructura, tecnología y proveedores.

En ese sentido, la discusión ya comenzó a trasladarse hacia las empresas mendocinas. Antes del Summit, más de 30 firmas de la provincia participaron de encuentros vinculados al proyecto Cañadón Amarillo para conocer las necesidades de la futura operación y las oportunidades que podrían generarse para proveedores locales.

Esto abre una discusión que va más allá de Malargüe: qué capacidad tendrá Mendoza para desarrollar una cadena de proveedores propia alrededor de Vaca Muerta.

Infraestructura, el próximo desafío

El crecimiento de la actividad energética también pone sobre la mesa la necesidad de mejorar caminos, ductos, transporte y conexiones eléctricas.

La propia Provincia identifica la infraestructura como uno de los factores necesarios para acompañar el crecimiento de las inversiones y conectar la producción mendocina con otros mercados. Entre los proyectos mencionados aparecen obras vinculadas al transporte energético y la integración con Neuquén y Chile.

Para Mendoza, el desafío no termina en extraer más petróleo o gas. El verdadero impacto económico dependerá también de la capacidad para transportar, procesar, prestar servicios y generar valor dentro de la provincia.

Una nueva etapa para Mendoza

Vaca Muerta está modificando el mapa energético argentino y Mendoza busca ocupar un lugar propio dentro de ese proceso.

Las nuevas perforaciones previstas para octubre, los compromisos de inversión, la recuperación de áreas convencionales y el proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos forman parte de una misma estrategia provincial.

El resultado todavía dependerá de la productividad de los pozos, de las inversiones que finalmente se concreten, del marco regulatorio que apruebe la Legislatura y de la infraestructura disponible.

Pero hay algo que ya comenzó a cambiar: Vaca Muerta dejó de ser para Mendoza solamente una expectativa geológica y empezó a convertirse en una agenda concreta de perforaciones, inversiones y desarrollo productivo.

Y ahora aparece la pregunta que seguirá de cerca toda la provincia: ¿cuánto de esa nueva riqueza energética podrá convertirse en empleo, empresas y oportunidades para los mendocinos?

Fuentes: Gobierno de Mendoza, Cámara de Diputados de Mendoza, Los Andes, Shale24, InfoEnergía.

Mendoza comenzó una nueva etapa en la preparación de los equipos estatales que tendrán a su cargo la fiscalización de la actividad minera. En un contexto de desarrollo de distintos proyectos en la provincia, el Gobierno puso en marcha una especialización destinada a inspectores de diferentes áreas de la Administración Pública.

La iniciativa busca que quienes intervengan en los controles cuenten con herramientas técnicas, legales y procedimentales para desarrollar inspecciones con criterios comunes y una mayor coordinación entre organismos.

La capacitación comenzó este mes y contempla contenidos generales para los inspectores, además de módulos específicos según el área en la que cada agente desarrolla sus tareas. En el caso de Minería, el tramo especializado profundizará los conocimientos vinculados con el trabajo de la Policía Ambiental Minera (PAM).

Una formación específica para una actividad que requiere controles permanentes

De acuerdo con la información difundida, la especialización contempla 250 horas reloj y está organizada en cuatro módulos.

Los primeros contenidos apuntan a brindar una base común para los agentes que realizan tareas de inspección. Allí aparecen aspectos vinculados con normativa, ética, facultades de control, procedimientos administrativos, comunicación y elaboración de actas e informes.

El último módulo se adapta a cada área de trabajo. Para los inspectores vinculados con Minería, permitirá profundizar las herramientas necesarias para las tareas que se realizan en territorio y los procedimientos específicos de fiscalización.

La propuesta involucra a distintos organismos provinciales, entre ellos las áreas de Educación Superior, Energía y Minería, Ambiente, Trabajo, Industria y otros organismos relacionados con la administración pública.

¿Qué controlará la Policía Ambiental Minera?

La formación cobra especial relevancia por el rol que tiene la Policía Ambiental Minera dentro del esquema de fiscalización provincial.

El organismo tiene entre sus funciones la inspección de trabajos mineros, instalaciones, plantas, equipos y maquinarias, además del control de determinados aspectos vinculados con el transporte de minerales.

También debe verificar que las actividades desarrolladas se correspondan con la documentación y declaraciones exigidas por la normativa vigente y detectar posibles incumplimientos.

El esquema contempla además herramientas digitales para registrar inspecciones y mejorar el seguimiento de los procedimientos.

Más tecnología y presencia territorial

Mendoza ya había anunciado el fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera con nuevos recursos tecnológicos y equipamiento para realizar controles en distintas zonas de la provincia.

El plan provincial contempla, entre otras herramientas, vehículos adaptados para zonas de difícil acceso, sistemas de videovigilancia y actas digitales. También se previó la presencia de delegaciones en Malargüe, San Rafael, Valle de Uco y Alta Montaña, además de la estructura ubicada en la Ciudad de Mendoza.

La incorporación de herramientas tecnológicas apunta a mejorar el seguimiento de las inspecciones y facilitar el acceso a información durante los controles.

El transporte de minerales, otro punto bajo la lupa

La fiscalización no se limita a los lugares donde se desarrollan las actividades mineras.

La Provincia también comenzó a capacitar a fuerzas de seguridad sobre el transporte de minerales, especialmente respecto de la documentación que deben llevar los vehículos que trasladan minerales o sustancias pétreas.

Uno de los instrumentos centrales es la Guía de Tránsito de Minerales, que permite acreditar el origen legal del material y contiene información sobre procedencia, destino, cantidad, tipo de mineral, vehículo y conductor.

Según explicó la Dirección de Minería, el cumplimiento de esta documentación forma parte del esquema de control establecido por el nuevo Código de Procedimiento Minero.

Una nueva estructura de control para Mendoza

El proceso de capacitación se desarrolla mientras la Provincia avanza en la modernización de sus mecanismos de fiscalización minera.

La nueva estructura incorpora criterios de trazabilidad, digitalización y seguimiento de los procedimientos. La Dirección de Minería también cuenta actualmente con una nueva sede que incluye una sala de monitoreo destinada a supervisar operaciones mineras, plantas de tratamiento y rutas utilizadas para el transporte de productos mineros.

El objetivo declarado por el Gobierno es que el crecimiento de la actividad esté acompañado por un Estado con capacidad para controlar el cumplimiento de las normas y actuar frente a eventuales irregularidades.

¿Qué significa para Mendoza?

La discusión sobre el desarrollo minero en Mendoza no se limita a la llegada o no de nuevos proyectos. También involucra cómo se controla una actividad que requiere seguimiento técnico, ambiental y administrativo durante sus distintas etapas.

En ese escenario, la formación de los inspectores adquiere un papel central: son los agentes que deberán trasladar las normas y procedimientos a los controles concretos que se realicen en territorio.

Para la Provincia, el desafío consiste ahora en consolidar un sistema de fiscalización con personal capacitado, presencia territorial, herramientas tecnológicas y procedimientos verificables.

La capacitación que comenzó en septiembre forma parte de ese proceso y coloca nuevamente el foco en una pregunta clave para la Mendoza que viene: cómo acompañar el desarrollo productivo con mecanismos de control capaces de verificar, en territorio, el cumplimiento de las reglas establecidas.

Fuentes

• Gobierno de Mendoza – Dirección de Minería y Ministerio de Energía y Ambiente.

• Dirección General de Escuelas de Mendoza – Dirección de Educación Superior.

• Gobierno de Mendoza – Policía Ambiental Minera y nuevo Código de Procedimiento Minero.

El Valle de Uco atraviesa desde hace años una transformación productiva, turística y urbana que también plantea nuevos desafíos en materia de infraestructura.

Ahora, uno de esos desafíos empieza a tener una respuesta concreta desde el sistema eléctrico.

El Gobierno de Mendoza ratificó mediante el Decreto 1508 un convenio marco con el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD).

El acuerdo permitirá utilizar recursos provenientes del Fondo de Resarcimiento de la Promoción Industrial para financiar distintas obras destinadas a ampliar y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial.

La inversión estimada para el conjunto de proyectos alcanza los US$140 millones.

Y dentro de ese paquete hay una obra que tiene especial relevancia para el Valle de Uco: la construcción de una Estación Transformadora de 220/132 kV, junto con las obras necesarias para conectarla a la red eléctrica de alta tensión.

¿Por qué es importante para el Valle de Uco?

A primera vista, una estación transformadora puede parecer una obra exclusivamente técnica.

Pero detrás de esa infraestructura hay una cuestión mucho más cotidiana: la capacidad que tiene una región para disponer de energía suficiente y confiable para seguir creciendo.

La electricidad es necesaria para prácticamente todas las actividades productivas.

En el Valle de Uco, esto incluye establecimientos agrícolas, bodegas, sistemas de riego, cámaras de frío, emprendimientos turísticos, industrias, comercios, servicios y nuevos desarrollos urbanos.

Cuando una región aumenta su actividad, también crece su demanda energética.

Por eso, ampliar la capacidad de la red no solamente apunta a atender el consumo actual, sino también a generar condiciones para futuras inversiones.

Una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento

Según explicó el Gobierno provincial, la nueva Estación Transformadora Valle de Uco permitirá aumentar la disponibilidad de potencia y energía en la región.

Además, aportará mayor confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico.

Este punto resulta especialmente relevante para una zona que combina actividades que requieren suministro eléctrico continuo con otras que están incorporando cada vez más tecnología.

El desarrollo de sistemas de riego, procesos industriales, refrigeración, automatización y servicios turísticos genera una demanda energética que puede crecer a medida que aumenta la actividad.

Del campo a la industria

La evolución productiva del Valle de Uco hizo que la electricidad dejara de ser solamente un servicio básico para convertirse también en un componente de competitividad.

Una bodega necesita energía para elaborar, conservar y almacenar vino.

Un productor puede requerirla para bombas de riego y sistemas de control.

Una cámara frigorífica depende de un suministro estable para conservar productos.

Un establecimiento turístico necesita electricidad para climatización, iluminación, comunicaciones y servicios.

Y una nueva industria necesita saber que tendrá capacidad energética disponible antes de instalarse.

Por eso, la infraestructura eléctrica puede funcionar como una condición previa para nuevas inversiones.

Una obra que mira hacia adelante

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que no está planteado solamente para resolver una demanda inmediata.

La construcción de una estación transformadora de alta tensión busca ampliar la capacidad estructural del sistema.

En términos simples: más capacidad disponible significa mayor margen para que la región pueda incorporar nuevos consumos sin sobrecargar la infraestructura existente.

Esto puede resultar especialmente relevante para los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, donde conviven zonas productivas, centros urbanos, emprendimientos turísticos y nuevas áreas de desarrollo.

No es la única obra energética

El proyecto provincial forma parte de un paquete más amplio.

El convenio también contempla:

• 86 kilómetros de línea de alta tensión de 132 kV entre la Estación Transformadora El Marcado y La Paz.
• Ampliación de estaciones transformadoras existentes.
• Una nueva estación transformadora en San Rafael.
• Nuevas líneas de alta tensión para reforzar el sistema del Sur provincial.
• La construcción de una nueva Estación Transformadora Mendoza Norte de 220/132 kV.
• Obras complementarias para mejorar la disponibilidad de potencia y energía.

En conjunto, el objetivo declarado por la Provincia es fortalecer la infraestructura eléctrica y acompañar el crecimiento de distintas zonas de Mendoza.

¿Qué puede significar para los vecinos?

La obra no implica automáticamente una reducción de las tarifas ni garantiza por sí sola que desaparezcan todos los cortes de energía.

Su impacto esperado es diferente: fortalecer la infraestructura que permite transportar y distribuir energía con mayor capacidad y seguridad.

A largo plazo, contar con una red más robusta puede facilitar la incorporación de nuevos emprendimientos y reducir restricciones vinculadas con la capacidad disponible.

También puede mejorar las condiciones para planificar nuevos desarrollos urbanos, productivos y turísticos.

El desafío: convertir infraestructura en desarrollo

La nueva estación transformadora aparece así dentro de una discusión más amplia sobre el futuro del Valle de Uco.

La región necesita caminos, agua, conectividad digital y energía para sostener su crecimiento.

La infraestructura eléctrica es una pieza de ese esquema.

El verdadero impacto se verá cuando las obras avancen, se incorporen al sistema y permitan acompañar nuevos proyectos productivos.

Por ahora, lo concreto es que Mendoza ratificó el convenio que habilita el financiamiento del programa y que dentro de ese paquete está incluida una obra de alta tensión específicamente proyectada para el Valle de Uco.

Una obra que puede cambiar el mapa productivo

El Valle de Uco ya es una de las zonas de Mendoza donde convergen producción agrícola, vitivinicultura, turismo y nuevos emprendimientos.

En ese escenario, la energía se convierte en una pieza estratégica.

La futura Estación Transformadora Valle de Uco no es solamente una obra de cables, torres y transformadores: representa una apuesta por ampliar la capacidad de una región que continúa creciendo.

El desafío será ahora que ese proyecto pase de los papeles a la ejecución y que la nueva infraestructura termine traduciéndose en más capacidad para producir, invertir, generar empleo y desarrollar nuevos proyectos en el Valle de Uco.

Fuente principal: Gobierno de Mendoza – Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial / Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La disputa entre Mendoza y La Pampa por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles sumó este martes un nuevo capítulo judicial y político.

El Gobierno pampeano presentó una medida cautelar contra el Estado nacional con el objetivo de suspender los efectos del Decreto 982/2026, publicado el pasado 11 de septiembre, que modificó el régimen de distribución de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico y estableció que la totalidad de esos recursos sea percibida por Mendoza.

El reclamo busca mantener provisoriamente el esquema que estuvo vigente durante décadas, mientras la Justicia analiza el fondo de la controversia.

¿Qué cambió con el nuevo decreto?

El nuevo régimen dejó sin efecto el Decreto 1560/73, una norma que durante más de cinco décadas había establecido una distribución de las regalías de Los Nihuiles entre Mendoza y La Pampa.

Con el Decreto 982/2026, Nación sostiene que corresponde que Mendoza perciba el 100% de las regalías, debido a que la fuente hidroeléctrica aprovechada se encuentra dentro del territorio mendocino.

La decisión modificó un esquema que había generado un conflicto de larga duración entre ambas provincias y que también se encuentra relacionado con la histórica disputa por el río Atuel.

La Pampa recurrió a la Justicia

La provincia gobernada por Sergio Ziliotto sostiene que sus derechos sobre las regalías no dependen exclusivamente del decreto de 1973.

Entre sus argumentos, el Gobierno pampeano menciona un acuerdo firmado en 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa y homologado por la Corte Suprema de Justicia, por el cual —según su interpretación— las partes asumieron compromisos vinculados con el pago de regalías hidroeléctricas.

Por ese motivo, La Pampa pidió que se suspendan provisoriamente los artículos 3° y 4° del nuevo decreto y que se mantenga el esquema anterior hasta que exista una resolución judicial definitiva.

El gobierno pampeano sostiene además que la decisión nacional afecta la autonomía provincial y genera un perjuicio económico para sus arcas.

La respuesta de Mendoza

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo defendió la modificación y consideró que la provincia recuperó un derecho que le correspondía.

El mandatario mendocino diferenció el conflicto por las regalías hidroeléctricas de la discusión interprovincial por el río Atuel y sostuvo que el nuevo esquema reconoce que la generación hidroeléctrica se produce a partir de infraestructura y recursos ubicados en territorio mendocino.

Cornejo calificó el cambio como un logro para Mendoza y vinculó los mayores recursos que pueda recibir la provincia con la posibilidad de destinarlos a inversión, infraestructura y desarrollo.

Un conflicto que ya llegó a la Corte

La disputa no comenzó con el decreto de septiembre.

Mendoza mantiene desde 2022 una demanda contra el Estado nacional vinculada con el régimen de distribución de las regalías. En agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación citó a La Pampa para que intervenga en la causa, luego de considerar que la provincia tiene un interés directo en la controversia.

Ese antecedente adquiere ahora especial relevancia porque el nuevo decreto fue dictado mientras la discusión judicial continúa abierta.

¿Qué puede pasar ahora?

La presentación realizada por La Pampa no resuelve el conflicto de fondo. El primer punto a definir será si la Justicia acepta la medida cautelar y decide suspender provisoriamente los efectos del nuevo régimen.

Mientras tanto, Mendoza sostiene que el nuevo esquema reconoce el derecho de la provincia sobre los recursos generados por el complejo hidroeléctrico, mientras La Pampa busca preservar el mecanismo de distribución que rigió durante décadas.

El conflicto vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre recursos naturales, regalías, federalismo y autonomía provincial, en una disputa que podría tener impacto económico para ambas jurisdicciones y que deberá ser resuelta, en última instancia, por la Justicia.

Fuentes: Gobierno de La Pampa, Gobierno de Mendoza, Corte Suprema de Justicia de la Nación y medios nacionales y regionales.

Redacción: ADN del VALLE.

La medida busca fortalecer la capacidad de la provincia para prevenir, detectar y responder frente a ataques informáticos que puedan afectar sistemas públicos o información sensible.

Entre los principales objetivos se encuentra la creación de un marco provincial destinado a coordinar la respuesta ante incidentes de ciberseguridad y establecer mecanismos de protección para los sistemas considerados estratégicos.

La importancia de la nueva normativa está vinculada al crecimiento de las amenazas digitales que enfrentan gobiernos, empresas e instituciones. Los ataques informáticos pueden provocar interrupciones de servicios, robo de información y daños económicos.

El nuevo esquema establece responsabilidades para organismos públicos y también contempla obligaciones relacionadas con proveedores que trabajan con el Estado.

De esta manera, Mendoza busca avanzar hacia una política de seguridad digital más estructurada, con protocolos y mecanismos específicos para enfrentar incidentes.

La implementación también plantea el desafío de capacitar al personal, actualizar sistemas y mejorar las herramientas tecnológicas disponibles.

La ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivamente técnico y pasó a convertirse en una cuestión estratégica para las administraciones públicas, especialmente por la cantidad de información que manejan y la creciente digitalización de los servicios.

Con la entrada en vigencia de la Ley 9726, Mendoza incorpora así un marco específico para enfrentar este escenario y proteger sus sistemas frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Fuentes

• Gobierno de Mendoza / información oficial sobre la normativa provincial.
• Los Andes Diario

Redacción: ADN del VALLE.