El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Tunuyán (UEP) y personal de las comisarías 65 y 15. Las tareas incluyeron patrullajes a pie, puestos fijos, controles vehiculares y recorridas dinámicas.

Uno de los procedimientos se inició a partir de una alerta recibida por la Policía sobre una situación registrada en una propiedad ubicada sobre calle La Argentina.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, en el lugar se encontraban tres hombres y una mujer, quienes habrían sido requeridos para retirarse de la propiedad. Ante esa situación, se habría producido un episodio de amenazas y agresiones contra dos hombres, quienes resultaron lesionados luego de recibir golpes de piedras.

Tras el incidente, las cuatro personas abandonaron el lugar y escaparon hacia el oeste, en dirección a una propiedad colindante.

El seguimiento desde el aire

Ante la fuga, la Policía puso en funcionamiento los drones de la Unidad VANT, que realizaron un seguimiento aéreo de la zona.

La coordinación entre los operadores de los equipos y los efectivos que se encontraban desplegados en tierra permitió localizar a las cuatro personas en las inmediaciones de calle La Argentina y Sarmiento, donde finalmente fueron aprehendidas.

Por el episodio interviene la Oficina Fiscal de Tunuyán, que deberá avanzar con la investigación y determinar la situación procesal de los involucrados.

Un operativo que incluyó controles biométricos

El procedimiento no se limitó a la búsqueda de los cuatro involucrados.

Según la información oficial difundida sobre el operativo, durante el despliegue fueron controladas 366 personas mediante un sistema de identificación biométrica. Como resultado de esas verificaciones, otras nueve personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

La incorporación de drones a los patrullajes permite a la Policía ampliar la cobertura de vigilancia y complementar el trabajo realizado por los efectivos en tierra.

Fuente: información oficial del Gobierno de Mendoza, Policía de Mendoza y relevamiento de medios locales.

Redacción: ADN del VALLE

Mendoza se encuentra a pocos días de afrontar uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de responsabilidad penal juvenil. A partir del 5 de septiembre, comenzará a regir en todo el país la Ley Nacional 27.801, que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años cuando sean imputados por delitos.

El cambio tendrá impacto directo en la provincia, que trabaja en la adecuación de sus estructuras y procedimientos. En los últimos días, el Gobierno mendocino presentó ante la Legislatura un proyecto destinado a adaptar el sistema provincial al nuevo marco nacional. La iniciativa contempla un fuero especializado, mecanismos de seguimiento, medidas alternativas y herramientas orientadas a la reinserción social.

Una mayor cantidad de adolescentes bajo seguimiento

Uno de los datos que genera mayor atención es la estimación oficial sobre el posible crecimiento del sistema.

Desde la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, su titular Daniel Patiño señaló que la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años podría provocar un incremento progresivo cercano al 30% en los ingresos al sistema.

La cifra, sin embargo, no significa que automáticamente habrá un 30% más de adolescentes privados de su libertad.

El nuevo esquema establece distintas herramientas para abordar los casos y prioriza medidas alternativas al encierro. La privación de la libertad queda reservada para determinadas situaciones, especialmente aquellas vinculadas con hechos de mayor gravedad.

Mendoza adapta su estructura

El proyecto enviado a la Legislatura busca reorganizar el sistema provincial para responder a las nuevas exigencias. Entre sus principales componentes aparecen un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, mecanismos de seguimiento individualizado y dispositivos destinados a acompañar los procesos de responsabilización y reinserción.

También se contempla la figura del Supervisor Especializado, encargado de realizar el seguimiento de los adolescentes que tengan medidas o penas impuestas por la Justicia.

La propuesta incorpora además herramientas como el monitoreo electrónico, la permanencia domiciliaria supervisada y pautas educativas, laborales y comunitarias para determinados casos.

Educación y reinserción, dos ejes centrales

El nuevo escenario no se limita a la cuestión punitiva. Uno de los desafíos planteados por las autoridades será fortalecer la educación, la capacitación laboral y el acompañamiento de los adolescentes durante el cumplimiento de las medidas judiciales.

Desde la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil remarcaron que el objetivo también pasa por generar herramientas que permitan evitar la reincidencia y favorecer la reinserción social.

El propio Poder Judicial de Mendoza viene trabajando en herramientas específicas para los operadores del Fuero Penal Juvenil, en un contexto que exige adaptar los mecanismos de intervención a la nueva legislación.

Un cambio que abre un fuerte debate

La aplicación del nuevo régimen vuelve a poner en el centro de la discusión provincial y nacional el vínculo entre seguridad, responsabilidad penal, derechos de niños y adolescentes y prevención del delito.

Para Mendoza, el desafío inmediato será poner en funcionamiento las nuevas herramientas sin perder la especialización del sistema juvenil y, al mismo tiempo, responder al eventual aumento de casos que podría producir la ampliación de la población alcanzada.

La entrada en vigencia del nuevo régimen permitirá comenzar a medir, en la práctica, cuál será su verdadero impacto sobre el sistema mendocino y sobre la cantidad de adolescentes que quedarán bajo intervención judicial.

Fuentes consultadas

• Honorable Cámara de Diputados de Mendoza: información oficial sobre el proyecto para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia, presentado el 25 de agosto de 2026. Ver fuente oficial – Legislatura de Mendoza
• Ley Nacional N.º 27.801: nuevo Régimen Penal Juvenil y responsabilidad penal desde los 14 años. Consultar Ley 27.801 – Argentina.gob.ar
• Poder Judicial de Mendoza: información institucional sobre el Fuero Penal Juvenil y su funcionamiento. Ver información – Poder Judicial de Mendoza

Redacción: ADN del VALLE

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el distrito La Primavera. La víctima, de 16 años, fue sorprendida mientras circulaba por calle Calderón. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

Un nuevo episodio de inseguridad es investigado por la Policía de Mendoza en Tunuyán, luego de que un adolescente de 16 años denunciara haber sido víctima de un robo mientras circulaba en bicicleta por una zona del distrito La Primavera.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado, alrededor de las 19.30, sobre calle Calderón, en inmediaciones del basural de ese distrito. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el joven se desplazaba por la zona cuando fue interceptado por dos hombres que llevaban prendas oscuras y cubrían parcialmente sus rostros.

Según la denuncia, uno de los sujetos habría arrojado una piedra contra el adolescente y le exigió que entregara la bicicleta. Luego, ambos individuos escaparon en dirección a calle 26 de Enero.

Además del rodado, los asaltantes se habrían llevado una mochila que contenía una campera y un teléfono celular.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Tras la denuncia, tomó intervención personal policial de la jurisdicción y las actuaciones quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

Hasta el momento no se informó públicamente la identidad de los sospechosos ni sobre personas detenidas por este hecho.

La investigación buscará determinar las circunstancias exactas del robo y avanzar en la identificación de quienes participaron.

Un nuevo hecho que vuelve a poner el foco en la seguridad

El episodio genera preocupación en una zona del Valle de Uco donde vecinos y familias transitan diariamente por calles que conectan distintos sectores de Tunuyán.

La información oficial disponible hasta el momento permite confirmar el robo denunciado, aunque cualquier otra circunstancia vinculada con los autores deberá ser determinada por la investigación judicial.

Desde ADN Del Valle seguiremos la evolución del caso y cualquier novedad que pueda surgir desde las autoridades.

Fuente: información oficial del Ministerio de Seguridad de Mendoza, difundida en relación con el hecho. La presente nota fue elaborada por ADN Del Valle con redacción propia, sin reproducción textual de otras publicaciones.

Una familia que había emprendido un viaje con motivo de una celebración muy especial - el cumpleaños número 15 de su hija - sufrió un siniestro vial de características excepcionales.

Según la información oficial aportada por fuentes policiales, un árbol de grandes dimensiones se desplomó de forma repentina sobre la calzada y cayó sobre el automóvil en el que se desplazaban. Como consecuencia del impacto, dos personas adultas que viajaban en el rodado perdieron la vida en el lugar.

En el mismo vehículo se trasladaba su hija adolescente, quien precisamente ese día cumplía 15 años. La menor fue asistida en primera instancia por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud de la zona. De acuerdo a los primeros partes, se encuentra fuera de peligro, aunque bajo contención psicológica y acompañamiento familiar.

Trabajaron en el lugar personal de la Policía de Mendoza, Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado. La ruta permaneció con tránsito interrumpido y asistido durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas de la caída del forestal.

Las autoridades investigan si las condiciones climáticas y el estado del arbolado en ese tramo de la ruta pudieron influir en el desprendimiento.

Desde ADN Digital acompañamos con respeto a la familia y amigos en este momento de profundo dolor y pedimos prudencia en la difusión de imágenes sensibles del hecho.

El ministro de Defensa, Luis Petri, fue víctima de un intento de robo durante la noche del domingo en el microcentro de la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió cuando el funcionario regresó a buscar su camioneta, una Chevrolet S-10, que había dejado estacionada en la zona de Mitre y Rivadavia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Petri advirtió que la lona que cubría la caja del vehículo había sido dañada. Tras revisar el interior, comprobó que no faltaban pertenencias, por lo que el episodio quedó en un intento de robo.

Luego del llamado al 911, la Policía de Mendoza puso en marcha un operativo que incluyó el análisis de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). A partir del seguimiento de los registros de videovigilancia, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los presuntos involucrados.

Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar si tuvieron participación en el hecho.

La investigación continúa y las autoridades no descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de las pruebas recolectadas.

La muerte de Ayelén Moyano, una joven de 22 años y madre de familia, generó conmoción en Tunuyán y derivó en denuncias por una presunta mala praxis médica en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli.

Según manifestó su pareja, Diego Gambarte, Ayelén se sometió el martes a una intervención programada de legrado y ligadura de trompas. Tras la cirugía, habría presentado complicaciones graves que obligaron a su reingreso al quirófano y posterior internación en terapia intensiva.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó severas consecuencias neurológicas. Permaneció internada en estado crítico hasta el miércoles por la noche, cuando finalmente falleció.

La familia cuestiona la atención recibida y sostiene que no obtuvo información suficiente durante las horas posteriores a la intervención. Además, apunta a que las complicaciones podrían estar vinculadas al proceso anestésico, aunque esa hipótesis deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.

Los allegados también expresaron críticas hacia las autoridades del hospital y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la joven.

El vehículo era conducido por un hombre de 47 años, quien viajaba acompañado por otras tres personas de 22, 44 y 45 años.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes sufrieron distintos traumatismos. Una de las acompañantes presentó una fractura de clavícula y debió ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Luego de una revisiónn general de los ocupantes del vehículo, los cuatro fueron trasladados al hospital Scaravelli para una evaluación médica más completa.

Cabe destacar que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica para determinar la mecánica del accidente.

El hecho se desencadenó cerca de las 11:30 horas, cuando el hombre decidió alejarse del grupo  con el qeu se encontraba,para dirigirse al sector de los sanitarios.Instantes después de que se retirára, su hermano escuchó un fuerte ruido, compatible con la caída de un cuerpo al agua.

Según los datos suministrados por la Subcomisaría 25 de Mayo de San Rafael, el grupo familiar llegó a las inmediaciones del embalse alrededor de las 9:00 de la mañana a bordo de un automóvil Fiat Palio. El hombre estaba acompañado por su hermano (U.A.), un menor de 9 años y un cuarto integrante del que por el momento no se conoce identidad.

La víctima fue identificada como un ciudadano de nacionalidad chilena de 51 años (cuyas iniciales trascendieron como U.N.R.). Había viajado a la provincia de Mendoza de vacaciones y se encontraba disfrutando de una jornada de pesca familiar.

Desde el área de Seguridad se le solicita a los visitantes, que sean precavidos en las zonas donde se permite acceder para la pesca. 

En el incidente vial,estuvieron implicados un Peugeot 208, una camioneta Isuzu y un colectivo de la empresa Cata. Del choque, dos personas debieron ser hospitalizadas en el hospital Scaravelli.

Fuentes cercanas, dejaron saber que uno de los ocupantes del vehículo 208, dijo que la causa fue por empañamiento del parabrisas y posterior encadilamiento solar.

En el lugar trabajo Comisaría 65, y en reporte policial los tres vehículos circulaban en la misma dirección de oeste a este,sobre ruta 92.

El bebé fue internado en el área de pediatría del hospital y, su estado de salud es estable. Debido a la gravedad del caso, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tomó intervención, y por ahora, el niño se encuentra bajo el cuidado de su abuela.

El 24 de abril la Justicia de Mendoza avanzó con una grave acusación contra una mujer de 26 años, luego de que su hijo de apenas 2 años ingresara de urgencia al Hospital Notti, en Guaymallén.

El pequeño quedó internado tras detectarse que presentaba múltiples moretones en diversas partes del cuerpo y un cuadro de descompensación derivado del consumo de cocaína, hallazgo confirmado mediante los análisis de sangre correspondientes.

La intervención penal se produjo con el objetivo de determinar las responsabilidades por el evidente maltrato infantil y la peligrosa exposición del menor a sustancias estupefacientes.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Lauro Monticone avanzó con la imputación de la madre por el presunto maltrato infantil. La mujer, fue acusada por lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo -por los golpes- y lesiones culposas -por la cocaína-. 

Se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ordenó medidas tutelares respecto al niño y también a su hermano de 4 años, ambos menores quedaron internados en el hospital -el mayor por precaución y control- la custodia temporal está a cargo de una tía, mientras se define si son ubicados con un familiar en forma permanente o son trasladados a un hogar estatal.

El funcionario penitenciario fue detenido e imputado formalmente mientras avanza la investigación judicial, que busca determinar su responsabilidad en los hechos denunciados y reconstruir con precisión lo ocurrido dentro del establecimiento de detención.

 La fiscal Florencia Díaz Peralta había señalado que las pruebas en su contra eran contundente, refiriendose a FRAGAPANE, mientras que las medidas de protección para Mateo -antes de su fallecimiento- y su hermano mellizo fueron abordadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Mientras el niño permanecía internado, su madre habló con medios de comunicación y negó que el menor haya sido víctima de violencia, en cambió apuntó contra la atención médica recibida en las semanas previas. “No ha pasado nada de lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto”, expresó entre lágrimas.

Según su relato, el niño había sufrido una primera convulsión a mediados de marzo, por la que fue hospitalizado y luego dado de alta. Dos semanas después, el cuadro se repitió. En esa oportunidad, indicó, le realizaron estudios cuyos resultados fueron normales, salvo un encefalograma en el que “veían algo que no era normal”, aunque de todos modos recibió medicación y fue nuevamente externado.

“Los médicos nunca me supieron explicar nada. Mi hijo, en vez de mejorar, siempre empeoraba, pero me decían que me quedara tranquila”, sostuvo.

 Un caso que genera profundo dolor y conmoción en toda la provincia, manteniendo alertas encendidas tras lo conocido en otras parte del país en las ultimas semanas, sobre casos similares al de MATEO.

 La fiscal Florencia Díaz Peralta había señalado que las pruebas en su contra eran contundente, refiriendose a FRAGAPANE, mientras que las medidas de protección para Mateo -antes de su fallecimiento- y su hermano mellizo fueron abordadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Mientras el niño permanecía internado, su madre habló con medios de comunicación y negó que el menor haya sido víctima de violencia, en cambió apuntó contra la atención médica recibida en las semanas previas. “No ha pasado nada de lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto”, expresó entre lágrimas.

Según su relato, el niño había sufrido una primera convulsión a mediados de marzo, por la que fue hospitalizado y luego dado de alta. Dos semanas después, el cuadro se repitió. En esa oportunidad, indicó, le realizaron estudios cuyos resultados fueron normales, salvo un encefalograma en el que “veían algo que no era normal”, aunque de todos modos recibió medicación y fue nuevamente externado.

“Los médicos nunca me supieron explicar nada. Mi hijo, en vez de mejorar, siempre empeoraba, pero me decían que me quedara tranquila”, sostuvo.

 Un caso que genera profundo dolor y conmoción en toda la provincia, manteniendo alertas encendidas tras lo conocido en otras parte del país en las ultimas semanas, sobre casos similares al de MATEO.

Otro caso de maltrato infantil, que tiene las alarmas encendidas en la provincia y aun más en el país, tras conocerse casos muy recientes de actos similares de agresión, de golpes, lesiones y hasta la muerte de niños en manos de quienes deberían cuidarlos.

 En conferencia para actualizar la última infirmación sobre las amenazas intitucionales, grafittis y otros hechos similares, la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus en relación a lo sucedido dijo:-"Esto no es una broma ni un juego. Acá hay un delito. Estamos hablando de una figura penal que tiene una pena máxima equivalente a la de un robo simple o una estafa."  

Por otro lado en medio de todo el caos que se ha generado en torno a las amenazas, se confirmó la detención e imputación de un sujeto mayor de edad, cuyo cargo se agravó por haber utilizado a un menor para cometer el hecho. Se trata de una mujer, madre de uno de los imputados que durante la mañana de este miércoles fue liberada.

Poniendo en contexto de todo lo acontecido,la ola de amenazas de tiroteos, que se materializó en pintadas en 230 establecimientos derivó en una ofensiva judicial y administrativa liderada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que este miércoles se formalizaron 19 denuncias por incumplimiento del Código de Contravenciones. El objetivo  claro es: trasladar la responsabilidad civil y penal a los progenitores, para que de este modo los menores tomen conciencia que todo acto tiene sus consecuencias.
Para tener en cuenta, algunos de los puntos que ser ejecutaron en el accionar equívoco de los menores fueron:

*Sanciones a padres: bajo el Código de Contravenciones, los responsables de los menores identificados enfrentan multas económicas, trabajos comunitarios o incluso arresto en casos de reincidencia.
*Instigación extrema: el caso más alarmante como ocurrió en Las Heras, donde una mujer fue detenida tras confesar que instó a su hijo a llevar un arma de juguete y exhibirla en la cintura al entrar al colegio.
*Justicia Juvenil: seis menores en edad punible ya están bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil.

A partir de este miércoles 22 de abril, la Provincia entra en una etapa de “normalización vigilada”. El protocolo rígido de la primera semana cede paso a la gestión interna de cada institución:

Mochilas: Cada escuela decidirá si mantiene o levanta la prohibición de ingresar con bolsos a las aulas.
Jornadas de reflexión: Se habilitarán espacios con especialistas para trabajar la convivencia y el impacto de estas “tendencias” que, según el Gobierno, responden a un fenómeno global.
Compromiso Parental: La DGE enviará un comunicado formal ratificando las obligaciones de guarda que tienen los padres sobre sus hijos.

La ministra de Seguridad, anunción una nueva estraregia en los colegios: apartir de  ahora son considerados “objetivos especiales”, lo que implica patrullajes frecuentes y aleatorios en lugar de guardias estáticas.

Mientras tanto en el Valle de Uco, se volvió a activar el protocólo de seguridad en una escuela de Tunuyán, en este caso la Institución de educación primaria JEAN PIAGET, en la que se encontrón dentro del establecimiento un mensaje intimidatorio.

Como medida preventiva se aplicaron los procedimientos correspondientes para llevar tranquiladad a la comunidad edutiva y familia de los estudiantes. 

El célular dentro de una cárcel puede ser mucho más que un objeto prohibido, en algunos casos, es la herramienta clave para seguir delinquiendo,mediante llamados extorsivos, provocando que el receptor, caiga en sus mentiras, y logrando así su cometido de robo.

Con ese escenario de fondo, este lunes 20 de abril, el Gobierno autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de las prisiones.

Según establece la normativa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá instalar sistemas capaces de identificar celulares activos dentro de los penales y anular su funcionamiento.

Este inconveniente, es de larga data. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectaron maniobras organizadas desde cárceles: estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos, por lo que en algunos casos esos esquemas  funcionaron como verdaderos centros de llamadas clandestinos.

La medida se apoya en un marco legal ya vigente, con la ley 24.660  que permite a las personas detenidas comunicarse con familiares, abogados o allegados, pero prohíbe el uso de teléfonos celulares. En ese contexto, el Estado debe garantizar mecanismos que eviten ese tipo de comunicación fuera de lo acordado previamente en el ámbito judicial.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 15 realizaron un patrullaje en la zona, logrando dar con el masculino de 42 años, y posterior detención del hombre, en inmediaciones de Santa Cruz y Laprida. Durante la requisa se recuperaron el dinero y el cigarrillo electrónico.  

El masculino, fue detenido y llevado a prestar declaración del hecho. En el caso intervino la Oficina Fiscal de Tunuyán.

Cada día que avanza, la inseguridad en el valle de uco se pone más complicada. Esto no sólo es un llamado de alerta a las mucipalidades con el circuito de control por cámaras de seguridad a lo largo de los departamentos, sino también a una circulación más consecutiva de la fuerza policial, en zonas que se conoce que hay mayor presencia delictiva.

El hecho fue detectado alrededor de las 12:10 de este jueves  en la escuela  NORMAL TORIBIO DE LUZURIAGA, lo que motivó a las autoridades activar el protocólo correspondiente para este tipo de situaciones, e informando la situación a las familias, mediante un comunicado oficial divulgado por sus canales formales y también vía WhatsApp, tratando de llevar tranquilidad sobre la seguridad de los estudiantes.

 En las últimas horas, una situación similar se registró en una escuela de Las Heras,lo que generó la intervención policial, el refuerzo de la seguridad y la reacción de los padres originando retiro de alumnos y suspensión de clases en algunos casos.

A nivel nacional, el fenómeno también se repite; se conoce que en al menos ocho escuelas del país, ya registraron mensajes de este tipo, lo que encendió alertas en distintas jurisdicciones. El escenario se vuelve aún más sensible tras recordar  hechos recientes como el ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno armado mató a un compañero y dejó varios heridos, luego de haber realizado amenazas previas que no fueron tomadas en cuenta por el sistema educativo ni familiar.

 En este escenario, padres y docentes advirtieron sobre una creciente tensión en las aulas y plantean la necesidad de un abordaje conjunto entre familias, escuelas y el Estado.

La interrogante más fuerte en la actualidad, o a la que se le debería prestar más importancia es: ¿CONOCEMOS QUÉ HACEN NUESTROS HIJOS/AS PUERTAS ADENTRO DE SU HABITACIÓN?, en algún momento los adultos nos damos el tiempo de averiguar que consumen en redes sociales, o cuáles son los sitios que habituan en la web.

Estas son algunas de las preguntas a las que hoy debemos darle más valor o relevancia, ya que muchas de las actitudes que vemos habitualemente en los adolecentes son efecto de los retos virales que circulan, y que ellos mismos se imponen por no quedar fuera del círculo social.

Los llamados a indagatoria también abarcan a Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

 Los procesamientos dictados en la primera etapa de este expediente por Sebastián Cassanello como subrogante del juzgado 11, están siendo apelados ante la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Carlos Farah e Ignacio Irurzún. La defensa de Spagnuolo objetó en esas audiencia la validez de las escuchas adjudicadas al ex titular de la ANDIS que dieron el puntapié inicial a esta investigación.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, este proceso representa un nuevo paso en una investigación que apunta a un entramado con fuerte impacto sobre fondos públicos.

Julieta Makintach, era la responsable de presidir el tribunal que llevaría adelante el juicio por el deceso de Maradona, pero también fue la causante de que dicho proceso fuese postegado, por haber cometido la falta grave de permitir la filmación de un documental de forma clandestina (JUSTICIA DIVINA DOCUMENTAL),que la tenía a ella como principal personaje y beneficiaria, además de no estar autorizado por la familia ni por la defensa de ambas partes intervinientes en el procedimiento judicial.  

Esta conducta fuera de lugar llevo a la suspensión del litigio y posterior expulsión unánime del poder judicial a la magistrada, la anulación del juicio original tras más de 20 audiencias , obligando a las partes intervinientes a demorar la busqueda de la verdad, sobre la causa y culpables de la muerte de Diego Maradona.

Hoy 14 de abril por fín se dio comienzo a un segundo proceso para definir la culpabilidad de los Siete trabajadores de la salud que serán juzgados desde este  en el palacio judicial, por sus responsabilidades médicas en la muerte de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 en una casa de la localidad bonaerense de Tigre, donde estaba rehabilitándose tras una operación de cabeza a la que se había sometido semanas antes.

Su cuidado estaba a cargo de un grupo de médicos, que ahora están imputados por homicidio simple con dolo eventual. Los acusan de haber desatendido al Diez en sus últimos días y no advertir su desmejoría. El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Hay siete trabajadores de salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, que se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

El abogado de las hijas de Diego Maradona, Fernando Burlando, afirmó que la prioridad de la querella será evitar dilaciones en el nuevo juicio por la muerte del exfutbolista, y manifestó plena confianza en la nueva conformación del tribunal que llevará adelante el proceso: “Creo que es inminente una condena”.