Una nueva preocupación atraviesa a la cadena productiva de la yerba mate en Argentina. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dispuso la baja de 826 productores del Registro Unificado de Operadores del Sector Yerbatero, luego de que venciera el plazo establecido para regularizar distintas obligaciones administrativas y fiscales.

La medida entró en vigencia el pasado 1° de noviembre y tiene consecuencias directas sobre la actividad de los productores alcanzados: ya no pueden realizar tareas de cosecha, entregar materia prima ni comercializar hoja verde de yerba mate.

La disposición también involucra a secaderos, acopiadores y establecimientos receptores, que tienen prohibido recibir producción de quienes figuran en el listado de operadores dados de baja.

¿Por qué fueron dados de baja?

Según informó oficialmente el organismo, las bajas alcanzan a operadores que no habían regularizado una o más condiciones exigidas para mantener activa su inscripción.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

• Falta de polígonos de yerba mate asociados a la inscripción.

• Superficies cultivadas sin georreferenciación.

• Falta de inscripción vigente ante ARCA.

• Documentación insuficiente para acreditar la situación fiscal de la actividad.

El plazo para completar la regularización venció el 30 de octubre. Al no haberse cumplido con los requisitos, el INYM avanzó con la exclusión de los operadores individualizados en su listado oficial.

La preocupación por el impacto productivo

La decisión abre un interrogante sobre las consecuencias económicas que puede generar la exclusión de cientos de productores del circuito comercial.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuántas hectáreas ni qué volumen de producción representan los 826 operadores alcanzados. Por eso, todavía no es posible dimensionar con precisión el impacto sobre la cosecha nacional.

Lo que sí está establecido es que la medida afecta directamente la posibilidad de trabajar y comercializar para quienes continúen en esa situación registral.

El organismo indicó que los productores pueden comunicarse con el Área de Registros para consultar cómo regularizar sus situaciones particulares.

Nueva advertencia: más controles desde diciembre

La preocupación del sector se suma a otra comunicación difundida por el INYM este 5 de noviembre.

El organismo informó que, a partir del 1° de diciembre, los productores que no cuenten con una constancia vigente del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) podrán ser dados de baja automáticamente y quedar incluidos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, con la correspondiente retención de la tarifa sustitutiva completa.

Para conservar la exención prevista, deberán acreditar ante el INYM que cuentan con el registro vigente antes del 15 de noviembre.

Este nuevo requisito suma otra instancia administrativa para los productores familiares, que deberán revisar su documentación y cumplir con los plazos establecidos.

Una discusión que trasciende a la yerba mate

La situación vuelve a poner en primer plano el debate sobre los requisitos administrativos, la formalización de las actividades rurales y las dificultades que enfrentan los pequeños productores para sostener sus explotaciones.

La actualización de los registros y la identificación de las superficies productivas son herramientas de control del organismo. Sin embargo, el desafío también pasa por garantizar que quienes trabajan la tierra puedan cumplir con las exigencias y mantener su actividad comercial.

En un país donde las economías regionales representan una fuente fundamental de empleo y movimiento económico, lo que sucede con la cadena yerbatera vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cómo lograr mayor formalización sin dejar a productores fuera del circuito de trabajo?

"La evolución de estas medidas será clave para conocer cuántos productores podrán regularizar su situación y qué consecuencias tendrá sobre la actividad yerbatera en los próximos meses."

Fuentes originales

1. INYM – Comunicación oficial sobre las bajas del registro.

2. Economis – Nueva advertencia sobre el RENAF y las retenciones.

3. Economis – Los 826 productores alcanzados por la medida

La agroindustria argentina alcanzó un récord histórico de volumen exportado durante los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, el país envió al exterior 95,73 millones de toneladas de productos agroindustriales, un 11% más que en el mismo período de 2025.

El valor de esas operaciones llegó a los US$ 43.206 millones, con un incremento interanual del 13%, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, procesados sobre estadísticas del INDEC.

Las cifras reflejan el peso que tienen los alimentos, los granos y sus derivados en el comercio exterior argentino.

Septiembre también marcó un récord

Durante septiembre, las exportaciones agroindustriales totalizaron 11,43 millones de toneladas por US$ 5.654 millones.

En comparación con septiembre de 2025, el volumen creció un 17%, mientras que el valor exportado aumentó un 14%.

La mejora estuvo acompañada por resultados positivos en distintos complejos productivos, aunque el desempeño varió según el producto.

Qué productos impulsaron las exportaciones

Entre los principales incrementos interanuales de septiembre se destacaron:

• Cebada: subió un 276% en volumen y un 311% en valor.

• Maíz: creció un 112% en volumen y un 121% en valor.

• Complejo olivícola: avanzó un 53% en volumen y un 32% en valor.

• Trigo: registró aumentos del 25% en volumen y del 34% en valor.

• Legumbres: crecieron un 16% en volumen y un 15% en valor.

• Productos vitivinícolas: aumentaron un 7% en volumen y un 3% en valor.

En el acumulado de enero a septiembre, 33 de los 54 complejos agroindustriales analizados registraron mejoras en sus ventas externas.

Entre ellos sobresalió el girasol, con incrementos interanuales del 83% en volumen y del 82% en valor.

Qué significa para la economía argentina

La agroindustria representó el 56% de las exportaciones totales del país durante el período informado. Además, los diez principales destinos comerciales —entre ellos India, China, Vietnam, Brasil y Estados Unidos— concentraron la mitad de las ventas externas del sector.

El ingreso de divisas por exportaciones constituye una fuente relevante de recursos para la economía argentina. Sin embargo, el crecimiento de los envíos no implica automáticamente una mejora equivalente en los ingresos de todos los productores o trabajadores: también influyen los costos, los precios internacionales, la logística y la distribución de los resultados dentro de cada cadena productiva.

Para provincias productoras como Mendoza, los datos ofrecen una referencia sobre la evolución de los mercados internacionales. En septiembre, los productos vitivinícolas también registraron un avance, aunque menor que el de otros complejos exportadores.

El desafío será sostener esa presencia internacional y lograr que la actividad exportadora se traduzca en producción competitiva, inversión y oportunidades para los distintos sectores vinculados con el agro.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sobre datos del INDEC. Informe publicado el 21 de octubre de 2026.

La política brasileña volvió a sacudir el escenario regional. Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil tras imponerse en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado, confirmado por las autoridades electorales brasileñas, marca la continuidad del actual proyecto político en la principal economía de América Latina. 

La elección tiene implicancias que van más allá de las fronteras brasileñas. Para la Argentina, Brasil representa un socio comercial estratégico, un mercado fundamental para la industria nacional y uno de los destinos preferidos por quienes planifican sus vacaciones en el exterior.

Brasil: un socio clave para las exportaciones argentinas

Los datos comerciales muestran la dimensión del vínculo entre ambos países. Según cifras del intercambio comercial argentino difundidas este lunes, entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones nacionales a Brasil alcanzaron los US$9.789 millones, un crecimiento interanual del 4,5%.

En el mismo período, las importaciones provenientes del país vecino sumaron US$12.005 millones. 

El intercambio resulta especialmente importante para la industria automotriz, las manufacturas industriales y distintos sectores productivos que dependen de la demanda brasileña.

Por eso, la continuidad de Lula en el poder vuelve a poner bajo la lupa la evolución de la economía brasileña, las decisiones de política económica y el comportamiento de su moneda.

Qué puede pasar con el dólar y las empresas argentinas

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el real brasileño. Una depreciación de esa moneda puede modificar los precios relativos entre ambos países: los productos argentinos podrían perder competitividad en Brasil, mientras que los bienes brasileños podrían ganar atractivo en el mercado argentino.

Los mercados financieros también siguen de cerca las perspectivas fiscales del próximo período presidencial y la relación entre el Ejecutivo brasileño y el Congreso.

Sin embargo, el resultado electoral por sí solo no determina una evolución específica del dólar, las acciones o los bonos argentinos. El impacto dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno brasileño y de la reacción de los inversores en las próximas jornadas. 

¿Puede convenir viajar a Brasil en el verano?

La elección también genera expectativas entre quienes están organizando sus vacaciones para el verano 2026-2027.

Si el real pierde valor frente al dólar y al peso argentino, Brasil podría resultar relativamente más económico para los turistas argentinos, aunque el resultado final dependerá de la cotización efectiva, los precios locales, el transporte y el alojamiento.

Por el contrario, un fortalecimiento de la moneda brasileña podría encarecer los gastos de quienes viajen a playas como Florianópolis, Camboriú o Río de Janeiro.

Por eso, más allá del resultado electoral, será importante observar cómo evoluciona el tipo de cambio durante las próximas semanas antes de tomar decisiones sobre reservas y gastos turísticos. 

Un nuevo capítulo para la relación entre Milei y Lula

La victoria brasileña también plantea un desafío diplomático. Javier Milei y Lula mantienen diferencias ideológicas y políticas, pero las economías de ambos países están estrechamente vinculadas.

El comercio bilateral, la industria automotriz y la integración productiva obligan a mantener canales de diálogo, incluso en un escenario de tensiones entre los gobiernos.

El resultado deja una cuestión central para la Argentina: cómo sostener el intercambio con su principal socio regional mientras se desarrollan las negociaciones económicas y políticas que marcarán el rumbo de América Latina.

En los próximos días, la evolución de los mercados y las primeras señales del Gobierno brasileño permitirán evaluar con mayor precisión las consecuencias del resultado electoral para la economía argentina.

Fuente: Reuters, Associated Press, LA NACION y Cadena 3. Datos comerciales correspondientes a enero-septiembre de 2026.

Una decisión tomada en el Congreso nacional puede tener consecuencias directas para miles de familias argentinas. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto para establecer un nuevo régimen de protección para las personas con discapacidad, en medio de una fuerte discusión por las pensiones, las prestaciones médicas y el financiamiento del sistema.

La iniciativa recibió 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras un acuerdo entre el oficialismo y distintos bloques de la oposición. El texto busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente, con reglas de financiamiento, controles y garantías para las prestaciones.

El proyecto fue aprobado el 22 de octubre de 2026 y ahora deberá ser tratado por el Senado. Por lo tanto, sus disposiciones todavía no pueden considerarse vigentes como una nueva ley.

¿QUÉ CAMBIARÍA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Uno de los puntos centrales es la actualización de las prestaciones para evitar que pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El texto también mantiene la pensión no contributiva por discapacidad y establece su compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones de ingresos.

Además, contempla la continuidad de la cobertura médica básica mediante el programa Incluir Salud y refuerza las garantías presupuestarias destinadas al funcionamiento del sistema.

Otro aspecto importante es la deuda que el Estado mantiene con prestadores de servicios. La iniciativa establece un cronograma para regularizar los pagos pendientes, con plazos definidos para informar cómo se cancelarán esas obligaciones.

Estas medidas son relevantes porque detrás del sistema hay personas que necesitan atención cotidiana, familias que organizan sus ingresos para sostener tratamientos y prestadores que deben afrontar salarios, insumos y gastos operativos.

TAMBIÉN HABRÁ CONTROLES SOBRE LAS PENSIONES

El proyecto no se limita a ampliar garantías. También contempla auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en las pensiones.

La propuesta prevé mecanismos de revisión y procedimientos para que las personas puedan responder ante eventuales observaciones. El alcance de estas disposiciones y su aplicación efectiva dependerán del texto definitivo y de su reglamentación.

Por eso, resulta importante distinguir entre las garantías que se incorporan y las nuevas condiciones de control que se plantean.

¿CUÁNDO COMENZARÍAN A REGIR LOS CAMBIOS?

Por ahora, no hay una nueva ley en vigor como resultado de esta votación. El Senado deberá analizar el proyecto y completar el trámite legislativo correspondiente.

Si se convierte en ley, su implementación y los efectos concretos sobre las prestaciones dependerán de las disposiciones aprobadas, los recursos presupuestarios y las medidas reglamentarias necesarias.

La discusión, además, tiene un componente económico decisivo: garantizar prestaciones requiere financiamiento suficiente y regularidad en los pagos a quienes brindan los servicios.

UNA DISCUSIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA

El debate sobre discapacidad no se agota en el resultado de una votación. Para las personas que dependen de una pensión, necesitan terapias o requieren asistencia permanente, las decisiones presupuestarias y administrativas tienen consecuencias cotidianas.

La aprobación en Diputados representa un avance parlamentario, pero el resultado definitivo todavía está pendiente.

"Ahora la atención se traslada al Senado: allí se definirá si la propuesta se convierte en ley y qué garantías tendrá finalmente el sistema de discapacidad en Argentina."

Fuentes

• Cámara de Diputados de la Nación — expediente 4018-D-2026 y Orden del Día 350/26. 

• Los Andes — detalles del proyecto y sus alcances. 

• Infobae — negociaciones y cambios introducidos antes de la votación. 

Una inversión anunciada que despierta expectativas

Un proyecto tecnológico de gran escala puso a Chubut en el centro del debate sobre el futuro de la inteligencia artificial en Argentina. La iniciativa, vinculada a la empresa Green Capital, contempla el desarrollo de un megacentro de datos destinado al procesamiento de información y a servicios informáticos de alta capacidad.

La inversión anunciada asciende a US$ 3.300 millones. Sin embargo, es importante distinguir entre el monto difundido públicamente y el capital efectivamente invertido: el anuncio, por sí solo, no significa que la totalidad de los fondos ya esté disponible ni que las obras hayan comenzado.

El proyecto busca aprovechar las posibilidades de la Patagonia para desarrollar infraestructura tecnológica, en un contexto internacional en el que las empresas compiten por instalar centros de datos capaces de responder a la creciente demanda de inteligencia artificial.

¿Qué es un megacentro de datos?

Se trata de una instalación que reúne grandes cantidades de servidores y equipos informáticos para almacenar y procesar información. Su infraestructura permite operar servicios digitales, plataformas en la nube y sistemas de inteligencia artificial.

Para funcionar, estos complejos necesitan una conexión eléctrica de gran capacidad, redes de comunicación, sistemas de refrigeración y medidas de seguridad especializadas.

Por eso, su construcción no depende únicamente de disponer de un terreno: también requiere inversiones complementarias, acuerdos técnicos, permisos y condiciones que garanticen la operación a largo plazo.

El financiamiento y los plazos, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales para evaluar la viabilidad del emprendimiento es conocer cómo se financiará.

La cifra anunciada representa una expectativa de inversión, pero para determinar el grado de avance del proyecto será necesario contar con información verificable sobre los acuerdos financieros, los desembolsos previstos y las etapas de ejecución.

También deberán confirmarse los plazos de construcción y puesta en funcionamiento. Las fechas mencionadas en las presentaciones iniciales deben entenderse como previsiones mientras no exista documentación que permita comprobar el inicio efectivo de las obras.

Agua y energía: las preguntas que siguen abiertas

La dimensión ambiental constituye otro aspecto relevante. Un centro de datos de esta escala necesita energía para mantener los servidores operativos y sistemas de refrigeración que eviten el sobrecalentamiento de los equipos.

El consumo de agua depende, entre otros factores, de la tecnología elegida, el sistema de refrigeración y las condiciones de funcionamiento. Por eso, no alcanza con conocer la capacidad informática proyectada para establecer cuánta agua utilizará la instalación.

Para evaluar el impacto real será necesario disponer de estimaciones técnicas, conocer la fuente de abastecimiento energético y revisar los estudios ambientales correspondientes.

La disponibilidad de recursos y la infraestructura existente en la zona serán factores importantes para determinar las condiciones en las que podría desarrollarse el proyecto.

¿Cuántos empleos podría generar?

Una iniciativa de esta magnitud podría movilizar actividades vinculadas con la construcción, la electricidad, las telecomunicaciones, los servicios técnicos y el mantenimiento.

Sin embargo, no corresponde dar por confirmada una cantidad de puestos de trabajo sin datos oficiales. También será importante diferenciar el empleo temporal asociado a la obra de los puestos permanentes que se necesitarían para operar el complejo.

La formación de trabajadores locales, la participación de empresas de la región y las inversiones complementarias serán aspectos relevantes para medir los beneficios económicos concretos.

Una oportunidad que deberá demostrar sus resultados

El anuncio refleja el interés por desarrollar nuevas actividades tecnológicas en Argentina y diversificar las inversiones más allá de los sectores tradicionales.

Pero la importancia de un proyecto de estas características no debería medirse exclusivamente por el monto anunciado. Su alcance real dependerá de la concreción de los fondos, el avance de las obras, los empleos que efectivamente genere y las condiciones ambientales en las que opere.

Por ahora, el megacentro de datos de Chubut debe analizarse como un proyecto anunciado, con aspectos importantes que todavía necesitan mayor precisión pública.

"La pregunta central es si la inversión podrá convertirse en una obra concreta y qué beneficios verificables dejará para la economía argentina y la comunidad donde se proyecta instalar."

Una nueva medida para reorganizar el Estado nacional

El Gobierno nacional oficializó este lunes 19 de octubre un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a determinados trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El programa forma parte de la política oficial de reorganización de las estructuras estatales y contempla una salida voluntaria con compensaciones económicas diferenciadas según la situación de cada trabajador.

La inscripción estará abierta desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026. La autoridad de aplicación podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.

¿Quiénes podrán solicitar el retiro voluntario?

El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada alcanzados por la norma.

No se trata de una convocatoria general para todos los empleados estatales del país. Los organismos descentralizados y distintos sectores específicos quedan fuera del alcance de este régimen.

Entre las exclusiones se encuentran las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, entre otros casos previstos por la normativa.

Además, existen restricciones para trabajadores que se encuentren en determinadas situaciones administrativas, disciplinarias o judiciales, así como para quienes ya reúnan los requisitos previsionales establecidos.

¿Cuánto cobrarán quienes adhieran?

Uno de los aspectos centrales del programa es que establece distintas modalidades de compensación económica, de acuerdo con la edad, los años de aportes y la antigüedad laboral.

El esquema contempla tres grupos de beneficiarios:

• Trabajadores próximos a la edad jubilatoria que todavía no reúnen los aportes suficientes: podrán optar, bajo las condiciones establecidas, por un pago mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, o por una gratificación única con límites específicos.

• Trabajadores cercanos a la edad jubilatoria que ya cuentan con los aportes requeridos: tendrán una compensación calculada sobre su remuneración y antigüedad, con adicionales previstos por la normativa.

• Trabajadores de menor edad: recibirán una gratificación calculada en función de los años de antigüedad, con un límite de hasta 20 remuneraciones y adicionales sujetos a las condiciones establecidas para cada caso.

Los importes no son iguales para todos los empleados. La base de cálculo, los topes y los requisitos deben verificarse en el anexo del decreto antes de determinar cuánto le correspondería cobrar a cada persona.

Qué ocurrirá con los cargos que queden vacantes

El decreto establece que los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los trabajadores que se incorporen al régimen, una vez que se concrete el cese de la relación laboral.

Este punto es central para comprender el alcance de la medida: no se limita a ofrecer una compensación económica a quienes decidan retirarse, sino que también modifica la estructura presupuestaria de las dependencias involucradas.

Desde la perspectiva oficial, la iniciativa busca optimizar la asignación de los recursos públicos y reorganizar las dotaciones de personal.

Su impacto concreto dependerá de la cantidad de trabajadores que adhieran, de los costos de implementación y de cómo se redistribuyan las tareas dentro de cada organismo.

Una decisión que abre interrogantes sobre el empleo público

El nuevo régimen vuelve a poner en discusión la composición de la Administración Pública Nacional, el uso de los recursos del Estado y las condiciones en las que los trabajadores pueden finalizar voluntariamente su vínculo laboral.

Para quienes evalúen adherirse, será fundamental analizar la compensación ofrecida, su situación previsional, la antigüedad y las consecuencias económicas de dejar el empleo.

Para la administración pública, uno de los aspectos a observar será cómo se sostienen los servicios y las funciones de cada organismo después de las desvinculaciones.

La medida ya está oficializada y tiene fechas definidas. Ahora, la atención estará puesta en la adhesión de los trabajadores y en los efectos que produzca sobre la estructura estatal.

El nuevo régimen plantea una decisión relevante para los empleados alcanzados: evaluar las condiciones de salida y sus consecuencias económicas, mientras el Estado avanza con la reorganización de sus cargos y recursos.

Un descubrimiento que amplía el conocimiento del mar argentino

Argentina vuelve a ser protagonista de una investigación científica de alcance internacional. Un grupo de especialistas identificó 57 nuevas especies marinas a partir de muestras recolectadas durante la campaña oceanográfica Talud Continental IV, desarrollada en el cañón submarino de Mar del Plata.

El resultado fue anunciado tras un taller internacional de identificación de especies organizado por Ocean Census, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute y con coordinación local de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El trabajo también permitió reconocer cinco nuevos géneros científicos, una clasificación que agrupa especies con características evolutivas y biológicas comunes.

Las muestras estudiadas proceden principalmente de la expedición realizada en agosto de 2025, cuando un equipo científico exploró sectores profundos del Atlántico Sudoccidental mediante tecnología de investigación submarina.

¿Qué especies encontraron los investigadores?

Los resultados abarcan diferentes grupos de organismos marinos, muchos de ellos poco conocidos por el público general.

Entre las 57 especies identificadas se encuentran:

• 20 copépodos: pequeños crustáceos que cumplen funciones importantes en las redes alimentarias oceánicas.

• 22 equinodermos: grupo que incluye pepinos de mar y crinoideos.

• 14 cnidarios: organismos entre los que se encuentran corales y plumas de mar.

• Un molusco escafópodo: un invertebrado marino con una concha tubular característica.

La diversidad encontrada muestra que las profundidades del mar argentino albergan formas de vida muy variadas. Además, los científicos señalaron que todavía quedan muestras de la expedición por analizar, por lo que podrían surgir nuevos resultados.

Una exploración a casi 4.000 metros de profundidad

La campaña Talud Continental IV se extendió durante 21 días y utilizó el vehículo operado remotamente SuBastian, perteneciente al Schmidt Ocean Institute, para explorar el fondo marino.

El equipo llegó a registrar ambientes a unos 3.900 metros de profundidad, donde la ausencia de luz solar, las bajas temperaturas y las condiciones de presión hacen que la investigación requiera equipamiento especializado.

La expedición despertó un gran interés público: las transmisiones alcanzaron aproximadamente cuatro millones de participantes y cerca de 22 millones de visualizaciones en distintas plataformas, según los datos difundidos por el CONICET.

Las imágenes obtenidas durante la exploración permitieron observar corales de aguas frías, organismos de formas inusuales y ambientes submarinos que no pueden estudiarse mediante observaciones desde la superficie.

¿Por qué es importante conocer estas especies?

Identificar nuevas especies no es solamente una tarea de clasificación. También permite comprender cómo funcionan los ecosistemas, qué organismos conviven en ellos y cuáles son sus relaciones con el ambiente.

Los cañones submarinos pueden albergar comunidades biológicas de gran diversidad. Conocerlas resulta relevante para ampliar la información disponible sobre la biodiversidad marina y aportar herramientas científicas para evaluar posibles impactos ambientales.

El trabajo internacional también fortalece la cooperación entre investigadores y contribuye a la formación de especialistas capaces de estudiar grupos de organismos que todavía cuentan con pocos expertos dedicados a su clasificación.

La investigación continuará en otras zonas del Atlántico

Los resultados de Talud Continental IV forman parte de un proceso de exploración que todavía tiene mucho por delante.

La siguiente campaña, denominada Talud Continental V, tiene previsto investigar los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, frente a la provincia del Chubut, en una región de alto interés científico y con sectores que permanecen poco explorados.

El objetivo será ampliar el conocimiento de la biodiversidad marina y obtener nuevas muestras que permitan profundizar los estudios.

Un mar que todavía tiene mucho por revelar

El descubrimiento de 57 especies y cinco nuevos géneros demuestra cuánto queda por conocer sobre los ambientes profundos del Atlántico Sudoccidental.

La participación de científicos argentinos en esta investigación pone en valor el trabajo especializado, la cooperación internacional y el desarrollo de tecnología aplicada al estudio del océano.

"Debajo de la superficie del mar argentino existe un universo de vida que la ciencia continúa descubriendo. Y cada nueva investigación ayuda a comprender mejor la riqueza natural de nuestro país."

Fuentes:

• CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

• CADIC-CONICET – Centro Austral de Investigaciones Científicas.

• Ocean Census.

• Schmidt Ocean Institute: https://schmidtocean.org/

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entra este jueves en una instancia clave. A las 10 de la mañana se abrirán las ofertas económicas de los dos grupos empresarios que fueron seleccionados para continuar en la licitación por el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.

La apertura de los sobres económicos fue establecida oficialmente por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1722/2026, luego de que ambos consorcios superaran la evaluación correspondiente a la primera etapa del proceso.

Dos grupos siguen en carrera

La definición quedó concentrada entre dos propuestas.

Por un lado, participa un consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A.

El segundo grupo está conformado por Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.

La licitación no cuenta con un precio base y la propuesta económica será determinante para definir al operador estratégico que asumirá el control de la compañía.

¿Qué está en juego?

AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura que alcanza a más de 14 millones de personas.

El proceso forma parte del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional luego de que AySA fuera incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases.

El esquema autorizado contempla la venta de las acciones estatales y la transferencia de la operación a un operador estratégico. El contrato de concesión previsto contempla un período de 30 años, con posibilidad de extensión por hasta otros 10 años.

Una definición que impactará en un servicio esencial

La apertura de las ofertas marcará un nuevo paso en el proceso de transferencia de la compañía al sector privado.

Además del monto que ofrezcan los grupos empresarios, el futuro operador deberá afrontar compromisos de inversión y cumplir con las condiciones establecidas en el marco regulatorio de la concesión. Un informe económico publicado esta semana estimó que el esquema contempla inversiones por alrededor de $2,89 billones, destinadas a infraestructura y ampliación de servicios.

El Gobierno había señalado previamente que la operación podría generar ingresos cercanos a US$500 millones, aunque el monto final dependerá de la oferta que resulte seleccionada.

La definición será este jueves

La apertura de las propuestas económicas está prevista para las 10:00, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.

Recién después de esa instancia se podrá conocer cuál de los dos grupos presentó la oferta económica seleccionada y cómo continuará el proceso de adjudicación.

Por ahora, la única certeza es que AySA atraviesa la etapa decisiva de un proceso que modificará el esquema de propiedad y operación de uno de los principales servicios públicos del país.

FUENTES

• Ministerio de Economía de la Nación – Resolución 1722/2026.

• Boletín Oficial de la República Argentina.

• Información sobre la licitación pública de AySA.

• Medios nacionales especializados.

El escenario político nacional vuelve a concentrar la atención en el Congreso. La oposición convocó a una sesión especial de la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre, con un objetivo central: avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, uno de los instrumentos más importantes utilizados por Javier Milei desde el comienzo de su gestión.

La discusión adquirió una nueva dimensión después de que la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154 del decreto, relacionado con las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El fallo volvió a colocar al DNU en el centro del debate político y aceleró la estrategia de los bloques opositores.

El DNU ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Sin embargo, nunca llegó a ser tratado en el recinto de Diputados. Por ese motivo, la sesión convocada para octubre podría definir finalmente el futuro del decreto si la oposición consigue reunir el quórum necesario y luego obtiene los votos suficientes para rechazarlo.

EL NÚMERO QUE TODOS MIRAN: 129 DIPUTADOS

El primer desafío no estará en la votación, sino en lograr que la sesión comience.

Para abrir el recinto se necesitan 129 diputados presentes. Según el conteo publicado por La Nación el 5 de octubre, los sectores opositores contaban con alrededor de 120 votos, por lo que todavía necesitaban sumar voluntades, principalmente entre bloques vinculados a gobernadores y sectores dialoguistas.

Ese escenario explica buena parte de las negociaciones que se están desarrollando durante estos días.

El Gobierno busca sostener el respaldo de sus aliados y evitar que los diputados necesarios para abrir la sesión acompañen la estrategia opositora.

La discusión, por lo tanto, no se limita al oficialismo y la oposición más dura: los bloques provinciales y los legisladores que mantienen una posición independiente pueden terminar siendo determinantes.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

El DNU 70 introdujo modificaciones en una gran cantidad de áreas de la economía y eliminó o modificó distintas regulaciones.

Entre otras medidas, el decreto derogó la Ley de Alquileres, modificó regulaciones vinculadas con las prepagas y el sistema de salud, liberó determinadas condiciones del mercado financiero, modificó normas sobre comercio y transporte y eliminó restricciones relacionadas con la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Por eso, una eventual derogación no sería solamente una discusión jurídica o parlamentaria.

Tendría consecuencias sobre normas que afectan a distintos sectores de la economía y podría abrir una nueva etapa de discusiones legislativas y judiciales.

ALQUILERES, PREPAGAS Y TIERRAS: LOS TEMAS MÁS SENSIBLES

Uno de los puntos que más atención genera es la posibilidad de que vuelvan a tener vigencia algunas normas que habían sido modificadas o derogadas.

Entre ellas aparece la Ley de Alquileres, además de regulaciones vinculadas con las empresas de medicina prepaga y otras normas relacionadas con comercio, abastecimiento y actividad económica.

Sin embargo, existe un punto que adquirió especial relevancia en los últimos días: la venta de tierras rurales a extranjeros.

La Corte Suprema restableció recientemente la vigencia del artículo 154 del DNU, lo que reactivó la discusión sobre los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. El tema generó presión política sobre los legisladores y llevó al Gobierno a analizar alternativas para separar esa cuestión del debate general sobre el DNU.

De hecho, entre las alternativas analizadas por el oficialismo aparece la posibilidad de incorporar una regulación específica sobre tierras en otros proyectos que actualmente están en tratamiento parlamentario.

EL GOBIERNO BUSCA EVITAR UNA DERROTA

La Casa Rosada comenzó a trabajar para impedir que la oposición consiga los 129 diputados necesarios.

El Gobierno necesita especialmente el respaldo de legisladores vinculados con gobernadores y de los bloques que suelen acompañar algunas iniciativas oficiales pero mantienen autonomía en otros temas.

La estrategia oficial apunta a evitar que una discusión puntual sobre la Ley de Tierras termine convirtiéndose en una votación contra todo el DNU. El resultado todavía está abierto.

Según el conteo publicado por La Nación, la oposición se encontraba a varios diputados del quórum necesario, aunque las negociaciones continuaban y el escenario podía modificarse antes de la sesión.

UNA SESIÓN QUE PUEDE CAMBIAR EL ESCENARIO POLÍTICO

La convocatoria del 15 de octubre tendrá además otros temas sensibles.

La oposición incluyó en el temario cuestiones vinculadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, buscando ampliar el respaldo necesario para garantizar la presencia de diputados en el recinto. Esto convierte a la jornada en una prueba política importante para el Gobierno.

Para el oficialismo, sostener el DNU significaría mantener vigente uno de los pilares normativos de su programa de desregulación. Para la oposición, lograr su rechazo representaría avanzar sobre una de las principales herramientas legislativas utilizadas por Milei desde el comienzo de su mandato.

Mientras tanto, los gobernadores y los bloques dialoguistas aparecen nuevamente en una posición clave.

EL DATO QUE PUEDE DEFINIR TODO

Por ahora, nadie tiene garantizada la victoria parlamentaria.

La oposición necesita llegar primero a 129 presentes y después conseguir la mayoría necesaria para rechazar el decreto. El oficialismo, en cambio, concentra sus esfuerzos en impedir que se alcance ese número y en mantener el respaldo de sus aliados.

El Senado ya rechazó el DNU en 2024. Ahora la definición está pendiente en Diputados.

"El 15 de octubre podría ser el día en que el Congreso defina finalmente si el megadecreto que marcó el comienzo de la gestión de Javier Milei continúa vigente o queda definitivamente rechazado."

Y en el medio de esa disputa quedan cuestiones que impactan directamente sobre la economía, los alquileres, la salud, las tierras y distintas actividades productivas del país.

Fuentes

Infobae, La Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una declaración llegada desde Washington volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena económica internacional.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump vuelva a brindar asistencia financiera a la Argentina si las circunstancias lo requieren.

Consultado sobre si Estados Unidos podría repetir una intervención como la realizada durante la crisis cambiaria de 2025, Bessent respondió de manera contundente: “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”.

La declaración representa una nueva señal de respaldo a la administración de Javier Milei y llega en un momento en que los mercados argentinos vuelven a observar con atención la evolución del riesgo país y la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico.

El antecedente que vuelve a aparecer

Bessent defendió la intervención estadounidense realizada en 2025, cuando el Tesoro norteamericano compró pesos y puso en marcha una asistencia de hasta US$20.000 millones a través de un mecanismo de swap con el Banco Central.

Según el funcionario estadounidense, aquella intervención permitió atravesar un momento de fuerte presión sobre el mercado financiero argentino y terminó generando beneficios para los contribuyentes estadounidenses.

Ahora, un año después, el funcionario volvió a utilizar a la Argentina como ejemplo de la política financiera de Washington.

Bessent sostuvo además que Milei es un “gran aliado” de Estados Unidos y consideró que la estabilización argentina tuvo efectos sobre el escenario político y económico de toda América Latina.

¿Qué significa para la Argentina?

La posibilidad de que Estados Unidos vuelva a intervenir funciona principalmente como una señal política y financiera.

No significa que exista en este momento un nuevo rescate acordado ni que Washington haya anunciado una nueva transferencia de fondos. Lo que Bessent dejó planteado es que el Tesoro norteamericano estaría dispuesto a evaluar una intervención nuevamente si las condiciones lo justificaran.

La diferencia es importante: se trata de una puerta abierta, no de un nuevo paquete financiero confirmado.

Una señal que llega en un momento sensible

Las declaraciones aparecen mientras el Gobierno argentino intenta sostener la confianza de los mercados y avanzar con su agenda económica.

En el reciente Coloquio de IDEA, empresarios y representantes del sector privado reclamaron mayor estabilidad y previsibilidad de cara al escenario político de 2027, aunque también valoraron el rumbo económico y la reducción del déficit.

El mensaje de Bessent vuelve a colocar el vínculo entre Milei, Trump y los mercados internacionales como uno de los factores que pueden tener peso sobre el futuro económico argentino.

Para el Gobierno, representa una muestra de confianza de su principal aliado internacional.

Para los mercados, en cambio, también funciona como un recordatorio de que la estabilidad financiera continúa siendo uno de los grandes desafíos del país.

Argentina vuelve a quedar bajo la lupa internacional

La declaración de Bessent instala nuevamente una pregunta que atraviesa la economía argentina: ¿hasta dónde llegará el respaldo financiero de Estados Unidos si la situación vuelve a complicarse?

Por ahora, no existe un nuevo rescate confirmado. Pero Washington dejó claro que la opción de volver a intervenir no está descartada.

"Y en una economía donde las señales internacionales pueden mover expectativas, dólares, bonos y mercados, una sola frase desde el Tesoro estadounidense alcanza para volver a poner a la Argentina en el centro de la escena."

Fuentes: TN, La Nación, Infobae y Agencia Noticias Argentinas.

La Argentina volvió a poner a Vaca Muerta en el centro de la escena económica internacional. Este viernes, desde París, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$12.500 millones.

La iniciativa pertenece a Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y estará destinada al desarrollo del bloque Bajo del Choique–La Invernada, en la formación Vaca Muerta.

El anuncio se realizó en el marco de la Argentina Week en París, donde funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios mantienen reuniones destinadas a atraer inversiones hacia distintos sectores de la economía argentina.

Una inversión de largo plazo

El proyecto tendrá un horizonte de 25 años y contempla una importante ampliación de la capacidad productiva del área.

De acuerdo con los datos difundidos tras el anuncio, la iniciativa apunta a alcanzar una producción superior a 100.000 barriles de petróleo por día y generar exportaciones de petróleo y gas por más de US$2.300 millones anuales, según las estimaciones comunicadas por el ministro de Economía.

El desarrollo también contempla infraestructura asociada a la producción, incluyendo plantas y ductos necesarios para incrementar la capacidad de extracción y transporte.

Más de 2.300 puestos de trabajo

Otro de los datos destacados por el Gobierno es el impacto laboral del proyecto.

Según la información difundida, la inversión permitiría generar más de 2.300 puestos de trabajo, además de movilizar proveedores, servicios y actividades vinculadas a la industria energética.

El RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros y un marco de estabilidad para proyectos considerados grandes inversiones. El Gobierno sostiene que el objetivo del régimen es facilitar inversiones de gran escala, aumentar la producción y fortalecer las exportaciones.

Vaca Muerta, cada vez más importante para las exportaciones

El anuncio llega en un momento de fuerte expansión de la producción hidrocarburífera argentina.

Un informe oficial difundido en agosto señaló que Vaca Muerta cuenta con 30.170 millones de barriles de petróleo técnicamente recuperables, casi el doble de la estimación realizada por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos en 2013.

A la vez, durante agosto la formación alcanzó niveles de producción que la consolidaron como uno de los principales motores de la actividad energética nacional. Reuters informó que Vaca Muerta produjo ese mes alrededor de 670.000 barriles de petróleo y 95 millones de metros cúbicos de gas diarios.

No es la única inversión anunciada

El movimiento empresario en París también dejó otro anuncio de gran magnitud.

La compañía francesa TotalEnergies comunicó que prevé invertir US$10.000 millones en Argentina, principalmente para ampliar la producción de gas, con proyectos que incluyen nuevas perforaciones en Tierra del Fuego y una expansión de su actividad en Neuquén.

La empresa, que actualmente aporta aproximadamente una cuarta parte de la producción argentina de gas, proyecta llevar su producción hasta unos 16 millones de metros cúbicos diarios.

El desafío: transformar inversiones en producción y empleo

Los nuevos anuncios colocan nuevamente a la energía como uno de los sectores centrales de la agenda económica argentina.

La magnitud de los proyectos abre expectativas sobre producción, exportaciones, infraestructura y empleo, aunque sus resultados dependerán de la ejecución efectiva de las inversiones y del desarrollo de las obras previstas.

Por ahora, el dato concreto es contundente: en apenas dos jornadas, empresas internacionales y proyectos vinculados a Vaca Muerta volvieron a poner miles de millones de dólares sobre la mesa argentina.

Y el nuevo proyecto de US$12.500 millones se suma a una lista cada vez mayor de iniciativas que buscan convertir los recursos de Vaca Muerta en mayor producción y exportaciones para el país.

Fuentes: Ministerio de Economía de la Nación, Argentina.gob.ar, Reuters y medios nacionales.

Los conductores argentinos tendrán un mes de alivio frente a una nueva suba impositiva de los combustibles.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la postergación hasta el 1° de noviembre de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. La medida fue establecida mediante el Decreto 1126/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La actualización estaba prevista para comenzar este 1° de octubre, por lo que la decisión evita que ese incremento tributario se traslade durante octubre directamente al precio de los surtidores.

Pero hay una advertencia

La postergación no significa que la nafta quede congelada.

Durante los últimos días de septiembre varias petroleras ya aplicaron aumentos. Según reportes nacionales, las subas llegaron en algunos casos al 2%–5%, mientras que YPF aplicó un incremento menor.

A esto se suma la presión del mercado internacional del petróleo, con el Brent por encima de los US$100 por barril, un factor que impacta sobre los costos de los combustibles argentinos.

La fecha que hay que mirar

El Gobierno trasladó los aumentos impositivos pendientes al 1° de noviembre.

La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) y comprende nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.

En otras palabras: octubre comienza sin el aumento impositivo que estaba previsto, pero noviembre vuelve a quedar marcado como una fecha clave para los precios de los combustibles.

También alcanza a Mendoza

La decisión es nacional y tiene impacto en los surtidores mendocinos. El decreto mantiene además un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en Malargüe, dentro del régimen previsto para determinadas zonas del país.

Octubre arranca sin una nueva presión impositiva sobre la nafta y el gasoil. Pero el alivio tiene fecha de vencimiento: el 1° de noviembre.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina y medios nacionales.

El bono ya fue oficializado

El Gobierno nacional confirmó este lunes el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000, que será liquidado durante octubre junto con los haberes correspondientes.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1108/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado este 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

El decreto establece que el refuerzo tendrá un monto máximo de $70.000 y que será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quiénes pueden cobrarlo

La norma incluye a distintos grupos de beneficiarios previsionales.

El bono alcanza a:

• Jubilados y jubiladas que reciben prestaciones contributivas a través de ANSES.
• Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
• Titulares de pensiones no contributivas por vejez.
• Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez.
• Madres de siete hijos o más que reciben pensiones no contributivas.
• Otros beneficiarios de pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.

Para acceder al beneficio, la prestación debe encontrarse vigente durante octubre.

¿Quiénes recibirán los $70.000 completos?

El decreto establece una diferencia según el nivel de ingresos previsionales.

Quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, recibirán el bono completo de $70.000.

Para octubre de 2026, el haber mínimo previsional fue establecido en $435.748,51.

En consecuencia, quienes cobren hasta ese monto como total de sus prestaciones recibirán el refuerzo completo.

Qué pasa si el haber supera la jubilación mínima

Para quienes tienen ingresos previsionales superiores al haber mínimo, el bono no necesariamente será de $70.000.

El decreto establece que se otorgará el monto necesario para que la suma del haber y el bono alcance el equivalente a la jubilación mínima más $70.000.

Por ejemplo, tomando el haber mínimo oficial de octubre:

$435.748,51 + $70.000 = $505.748,51

Por lo tanto, quienes cobren una prestación superior a la mínima podrán recibir un bono parcial hasta alcanzar ese límite, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por el decreto.

El bono no tiene descuentos

Otro punto establecido por la normativa es que el bono tendrá carácter no remunerativo.

Además, no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros conceptos.

Esto significa que se trata de un pago extraordinario separado del haber previsional habitual.

El aumento de octubre también modifica los haberes

El bono llegará en un mes en el que las jubilaciones y pensiones también tendrán la actualización correspondiente por el mecanismo de movilidad previsional.

La ANSES estableció para octubre un haber mínimo garantizado de $435.748,51, mientras que la actualización alcanza también a otros valores del sistema previsional.

De esta manera, los beneficiarios que estén dentro de los parámetros establecidos recibirán durante octubre el haber actualizado más el refuerzo extraordinario correspondiente.

Una medida que impactará en los ingresos de octubre

El nuevo decreto vuelve a poner el foco en los ingresos de los jubilados y pensionados, uno de los sectores que recibe periódicamente actualizaciones de haberes y refuerzos extraordinarios.

Para los beneficiarios alcanzados, el pago de octubre estará compuesto por el haber previsional correspondiente y, según el nivel de ingresos y las condiciones fijadas por el decreto, un bono de hasta $70.000.

La medida ya se encuentra vigente y su implementación estará a cargo de ANSES.

📌 Los números clave

Haber mínimo octubre: $435.748,51

Bono máximo: $70.000

Total mínimo + bono: $505.748,51

Pago: durante octubre de 2026

Organismo encargado: ANSES

Fuentes

Boletín Oficial de la República Argentina: Decreto 1108/2026, Bono Extraordinario Previsional. Ver el decreto oficial

Argentina.gob.ar: normativa oficial del Decreto 1108/2026. Consultar la normativa

ANSES / normativa oficial: Resolución 284/2026, haber mínimo previsional de octubre. Consultar el haber mínimo oficial

Agencia Noticias Argentinas: detalles del bono previsional de octubre.

El precio de los combustibles volvió a ocupar el centro de la escena en Argentina. Shell, Axion y Puma aplicaron aumentos de entre 2% y 5% en sus estaciones de servicio, en un contexto marcado por la suba del petróleo internacional, cuyo valor ronda los US$105 por barril. YPF, que concentra alrededor del 55% del mercado, todavía mantiene sus precios sin cambios.

El movimiento de precios llega mientras el consumo atraviesa un período de retroceso. Durante agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de nafta y gasoil, un 2,19% menos que en el mismo mes de 2025. Con este resultado, ya son siete los meses consecutivos de caída interanual.

La baja no fue igual en todo el país. 20 de las 24 jurisdicciones registraron menores ventas que un año atrás. Entre las provincias con mayores descensos apareció Mendoza, con una caída interanual del 9,76% durante agosto.

Dentro de los distintos productos, la nafta Súper tuvo una de las mayores contracciones, con una baja del 3,66%, mientras que el gasoil G3 fue la excepción y registró un crecimiento del 2,75%.

El petróleo vuelve a presionar

El escenario internacional es uno de los factores que explican los nuevos movimientos de precios. Con el barril por encima de los US$100, las petroleras comenzaron a trasladar parte de esa diferencia a los surtidores.

YPF, por ahora, decidió mantener sus valores. Su presidente y CEO, Horacio Marín, señaló que la evolución del precio internacional será determinante para definir los próximos movimientos.

Así, el mercado argentino enfrenta una situación particular: los combustibles aumentan mientras la demanda continúa por debajo de los niveles del año pasado, un escenario que vuelve a poner bajo la lupa el impacto del precio de la energía sobre hogares, trabajadores y sectores productivos.

Fuentes: Infobae · Surtidores · Los Andes · Noticias Argentinas.

Quienes estén pensando en crear una empresa en Argentina se encuentran desde este miércoles con un escenario registral diferente.

La Inspección General de Justicia (IGJ) puso en vigencia la Resolución General 11/2026, una norma que modifica el régimen para la constitución de sociedades y elimina distintos requisitos que hasta ahora formaban parte de los trámites.

La resolución fue publicada el 22 de septiembre de 2026 y establece, entre otras medidas, la eliminación de la obligatoriedad del dictamen de precalificación profesional para constituir sociedades, una mayor libertad para definir las actividades de una empresa y nuevas alternativas para acreditar aportes de capital.

El cambio forma parte del proceso de simplificación y digitalización que la IGJ viene desarrollando durante 2026.

¿Qué cambia para quienes quieren abrir una empresa?

Uno de los cambios centrales es que ya no será obligatorio presentar un dictamen de precalificación profesional para constituir una sociedad, aunque podrá presentarse voluntariamente y seguirá siendo exigido en determinados supuestos establecidos por la normativa.

La medida apunta a reducir documentación y costos iniciales asociados a la inscripción.

La propia IGJ explicó que la reforma busca eliminar cargas formales que, según el organismo, no resultaban necesarias para garantizar la publicidad registral y la seguridad jurídica.

Más libertad para definir a qué se dedicará una empresa

Otro cambio importante está relacionado con el denominado objeto social, es decir, la descripción de las actividades que una sociedad puede desarrollar.

La nueva normativa permite que el objeto social comprenda una o varias categorías de actividades sin necesidad de demostrar que existe una relación de conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas.

En el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), la normativa admite expresamente que el objeto social pueda establecerse como la realización de “cualquier actividad lícita”.

Esto busca evitar que una empresa tenga que modificar su estatuto cada vez que decide ampliar o modificar sus líneas de negocio.

Para un emprendedor, el cambio puede ser relevante: una misma sociedad podría contar con mayor margen para diversificar sus actividades sin tener que atravesar una reforma estatutaria por cada nueva unidad de negocio.

También cambia la acreditación de los aportes

La resolución amplía las alternativas para acreditar la integración de aportes dinerarios.

Para determinados montos, la integración podrá demostrarse mediante una declaración jurada de los administradores o socios constituyentes o a través de un acta de recepción firmada por el representante legal, bajo las condiciones previstas por la normativa.

El objetivo es evitar trámites y documentación que puedan resultar innecesarios en operaciones de menor cuantía.

¿Y las criptomonedas?

La nueva regulación también establece reglas más precisas para los casos en que los socios quieran realizar aportes de capital mediante activos virtuales.

Los activos deberán estar identificados en el instrumento constitutivo, indicando su clase, cantidad y valor asignado.

Además, la valuación deberá acreditarse mediante los mecanismos previstos por la norma y los activos deberán depositarse en una billetera o plataforma perteneciente a un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores.

También deberá acreditarse que los activos pertenecían al socio que realiza el aporte antes de incorporarlos a la sociedad.

Una sede electrónica complementaria

La reforma incorpora otra herramienta vinculada con la digitalización.

Las sociedades podrán contar con una sede electrónica complementaria, mediante la declaración de una dirección de correo electrónico, además de su sede social física.

Una vez inscripta, esa dirección tendrá efectos frente a socios y terceros en los términos establecidos por la normativa.

La medida se suma al proceso de transformación digital de la IGJ, que durante agosto eliminó definitivamente la entrega de documentación registral en papel y estableció el envío electrónico de la documentación inscripta a través de Trámites a Distancia.

¿Qué pasa con las SAS?

Las Sociedades por Acciones Simplificadas vuelven a quedar en el centro de la estrategia de simplificación.

Este tipo societario fue creado para facilitar la constitución de empresas y emprendimientos y permite realizar el proceso de manera digital a través de la plataforma TAD.

La IGJ mantiene un sistema de constitución de SAS en línea y con integración digital de diferentes organismos.

Con la nueva resolución, además, se flexibiliza expresamente el objeto social de este tipo de sociedades.

Esto puede resultar especialmente relevante para pequeños emprendimientos y proyectos que todavía están definiendo cómo evolucionará su actividad comercial.

¿Significa que abrir una empresa será automático?

No.

La simplificación no elimina todos los requisitos legales, contables o fiscales necesarios para desarrollar una actividad empresarial.

La nueva normativa modifica principalmente el régimen registral de la IGJ y elimina determinadas exigencias formales.

Además, es importante aclarar que la IGJ registra y fiscaliza sociedades con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, un emprendedor radicado en Mendoza deberá considerar también las normas y organismos correspondientes a su jurisdicción.

El objetivo: menos burocracia

La reforma se inscribe en una serie de modificaciones implementadas por la IGJ durante 2026.

El organismo ya había avanzado con cambios en la inscripción de administradores, sociedades extranjeras, documentación digital y presentación de estados contables.

En agosto, además, se completó la digitalización de los trámites registrales, eliminando la entrega de documentación en papel.

La nueva resolución profundiza esa dirección y apunta a que la creación y modificación de sociedades requiera menos pasos y documentación.

Qué deben tener en cuenta los emprendedores

Para quienes estén pensando en formalizar un negocio, los principales cambios que deben conocer son:

• Ya no es obligatorio el dictamen de precalificación profesional para la constitución de sociedades, salvo los casos previstos específicamente.

• El objeto social es más flexible, especialmente en las SAS.

• Se amplían las formas de acreditar aportes dinerarios.

• Se regulan con mayor precisión los aportes realizados mediante activos virtuales.

• Se incorpora la posibilidad de una sede electrónica complementaria.

• Se profundiza la digitalización de los trámites registrales.

La reforma busca que una empresa pueda adaptarse con mayor facilidad a nuevos negocios y reducir los costos administrativos de su constitución.

Para los emprendedores, el verdadero impacto comenzará a verse ahora, con la aplicación práctica de las nuevas reglas y la evolución de los tiempos y costos de inscripción.

Fuente principal: Inspección General de Justicia — Argentina.gob.ar
Contexto: La Nación — cambios en SAS y trámites societarios

La Argentina vuelve esta semana a uno de los escenarios políticos y diplomáticos más importantes del planeta. Javier Milei viajará a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general comenzó este martes 22 de septiembre y se extenderá durante los próximos días.

La llegada del mandatario se produce en un contexto internacional particularmente complejo. La agenda de la Asamblea está atravesada por las guerras y tensiones en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la seguridad internacional, el cambio climático, el desarrollo y el avance de la inteligencia artificial.

Para Argentina, la participación presidencial también representa una oportunidad para plantear ante la comunidad internacional las prioridades de la política exterior del Gobierno y reforzar los vínculos con otros países.

Una Asamblea atravesada por las grandes crisis mundiales

La 81ª sesión de la Asamblea General tiene como lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

Durante esta semana, jefes de Estado y de Gobierno expondrán sus posiciones sobre los principales desafíos internacionales.

La agenda incluye cuestiones que van desde los conflictos armados hasta el cambio climático, la transición energética, el desarrollo sostenible y la regulación de nuevas tecnologías.

La ONU estableció que el debate general se desarrollará entre el 22 y el 26 de septiembre, con una jornada adicional prevista para el 28.

¿Qué lugar busca ocupar Argentina?

La presencia de Milei en Nueva York se produce después de una etapa en la que el Gobierno argentino buscó profundizar su alineamiento internacional con Estados Unidos y fortalecer sus relaciones económicas y políticas con distintos actores globales.

El viaje también se da mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene reuniones con inversores en Estados Unidos y ratifica ante los mercados internacionales la continuidad del programa económico argentino.

Ese vínculo entre política exterior y economía será uno de los aspectos que seguirá de cerca la comunidad empresarial y financiera.

El Gobierno viene intentando presentar a la Argentina como un país dispuesto a atraer inversiones, ampliar sus exportaciones y avanzar en proyectos vinculados con energía, minería, infraestructura y producción.

La economía también estará sobre la mesa

La participación argentina ocurre en un momento en el que la economía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional.

El ministro Caputo afirmó ante inversores extranjeros que el Gobierno mantiene el rumbo de su programa económico y que no prevé modificarlo por el calendario electoral de 2027. También destacó el respaldo recibido de organismos internacionales y de Estados Unidos.

Para la Argentina, el desafío pasa por transformar ese respaldo diplomático y financiero en inversiones, crecimiento, generación de empleo y mayores oportunidades comerciales.

En ese sentido, la participación en la Asamblea no se limita al discurso presidencial: la agenda paralela de reuniones y encuentros con empresarios y funcionarios extranjeros puede ser tan relevante como la intervención ante el organismo internacional.

Un escenario donde cada palabra tiene peso

La Asamblea General reúne durante estos días a representantes de prácticamente todo el mundo.

La ONU informó que el debate general busca que los líderes expongan sus posiciones y prioridades frente a desafíos que están cada vez más conectados entre sí.

Este año, además, el contexto internacional le otorga una importancia particular al encuentro.

Las tensiones en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la seguridad energética y alimentaria y el futuro de la cooperación internacional forman parte de una agenda en la que las decisiones de las grandes potencias tienen consecuencias económicas y políticas para países como Argentina.

Malvinas y la política exterior argentina

La cuestión de las Islas Malvinas constituye otro de los temas que históricamente forman parte de la agenda argentina en Naciones Unidas.

En sus anteriores intervenciones ante la Asamblea General, Milei sostuvo el reclamo argentino de soberanía y pidió la continuidad de las negociaciones con el Reino Unido.

La posición argentina sobre Malvinas forma parte de una política de Estado que el país sostiene desde hace décadas en distintos foros internacionales.

Qué puede dejar el viaje

Más allá del contenido del discurso presidencial, la presencia argentina en Nueva York tendrá varios frentes de atención.

Por un lado estará el mensaje político de Milei ante la comunidad internacional.

Por otro, las reuniones que mantenga la delegación argentina con funcionarios, organismos internacionales e inversores permitirán observar qué acuerdos, compromisos o nuevas oportunidades pueden surgir.

En paralelo, la evolución de la economía mundial y de los conflictos internacionales puede tener efectos concretos sobre Argentina, particularmente sobre los precios de la energía, las materias primas, el comercio exterior y las condiciones de financiamiento.

Un escenario internacional que también impacta en Mendoza

Aunque la Asamblea General se desarrolla a miles de kilómetros de Mendoza, las decisiones y tendencias que se discuten en Nueva York pueden terminar teniendo impacto en las economías regionales.

Para una provincia exportadora como Mendoza, cuestiones como el acceso a mercados, las inversiones, la energía, la minería, el comercio internacional y el valor de las materias primas tienen una relación directa con las posibilidades de crecimiento de sus sectores productivos.

Por eso, el viaje presidencial no representa solamente una noticia política nacional.

También constituye una señal sobre el lugar que Argentina intenta ocupar en el escenario económico y diplomático internacional.

La mirada ahora está puesta en Nueva York

Con la Asamblea General ya en marcha, los próximos días permitirán conocer el contenido del mensaje presidencial y, especialmente, qué resultados concretos deja la agenda internacional de la delegación argentina.

En un mundo atravesado por conflictos, cambios económicos y una creciente disputa por inversiones y mercados, la participación argentina en la ONU vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: qué lugar quiere ocupar el país en el nuevo escenario internacional.

Fuentes: Naciones Unidas, Gobierno de Argentina, Reuters e información económica reciente sobre la agenda de la delegación argentina.

El clima vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva argentina. El fenómeno El Niño está tomando fuerza en el Pacífico ecuatorial y las últimas actualizaciones meteorológicas encendieron la atención sobre la campaña agrícola 2026/27.

El dato más reciente llega del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): su informe de septiembre señala que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida o El Niño y que existe una probabilidad del 100% de que el fenómeno continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.

A nivel internacional, la señal también se intensificó.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que El Niño continúa fortaleciéndose y estimó que existe una probabilidad superior al 90% de que se registre un episodio muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte de 2026-2027.

Pero hay un dato todavía más llamativo: para el período octubre-diciembre, los modelos oficiales contemplan un 75% de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad considerada histórica, tomando como referencia los eventos registrados desde 1950.

¿Por qué Argentina mira con atención este fenómeno?

El Niño no es simplemente un cambio de temperatura en el océano Pacífico. Se trata de un fenómeno que modifica la circulación de la atmósfera y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas partes del planeta.

En Argentina, esa variabilidad puede tener consecuencias importantes sobre la agricultura y la ganadería.

La disponibilidad de agua es uno de los factores centrales. Una temporada con mayores precipitaciones en determinadas zonas puede favorecer la recarga de humedad de los suelos y mejorar las condiciones para algunos cultivos.

Pero más lluvia no significa automáticamente mejores resultados.

La distribución temporal, la intensidad y el lugar donde ocurran las precipitaciones son tan importantes como el volumen acumulado.

Una lluvia en el momento adecuado puede ser beneficiosa para un cultivo, mientras que un exceso concentrado en pocos días puede generar anegamientos, dificultades para ingresar a los lotes, enfermedades o pérdidas.

Por eso, los especialistas siguen la evolución de El Niño como una señal climática de fondo, pero necesitan complementarla con pronósticos de corto y mediano plazo.

Una campaña agrícola bajo observación

La campaña 2026/27 comienza con un escenario climático que merece seguimiento.

El fortalecimiento de El Niño se produce mientras productores y técnicos planifican labores, siembras y estrategias de manejo para los próximos meses.

El fenómeno puede modificar las condiciones de humedad disponibles en distintas regiones, aunque no permite determinar por sí solo cuánto va a llover en un campo específico.

Esta diferencia es fundamental.

Los pronósticos climáticos trabajan con probabilidades y tendencias regionales. Las condiciones concretas de cada establecimiento dependerán además de la ubicación, el tipo de suelo, las temperaturas, las tormentas y otros factores atmosféricos.

El dato que cambió el escenario

Durante los últimos meses, los organismos meteorológicos fueron observando una evolución sostenida del calentamiento del Pacífico.

El informe de NOAA publicado en septiembre señala que las temperaturas de la superficie del mar en sectores del Pacífico ecuatorial oriental superaron los valores normales en más de 3 °C en algunas áreas. El índice Niño 3.4, uno de los principales indicadores utilizados para seguir el fenómeno, también mostró un incremento.

El organismo estadounidense sostiene que el sistema océano-atmósfera presenta actualmente características compatibles con un El Niño en fortalecimiento.

El SMN argentino coincide en el diagnóstico general: su actualización de septiembre identifica una fase cálida consolidada y señala que los modelos mantienen la continuidad del fenómeno durante la primavera.

¿Un riesgo o una oportunidad?

El Niño no puede ser interpretado solamente como una amenaza.

Para algunas zonas productivas, una mayor disponibilidad de humedad puede representar condiciones favorables. Para otras, especialmente si las precipitaciones se concentran de manera excesiva, puede aumentar el riesgo de problemas productivos.

Por eso, el escenario obliga a mirar dos variables al mismo tiempo: el agua que puede llegar y la capacidad de manejar sus excesos.

La planificación de drenajes, el monitoreo de los cultivos, el seguimiento de enfermedades y la elección de las fechas de determinadas labores adquieren relevancia cuando aumenta la incertidumbre climática.

El desafío: anticiparse sin caer en pronósticos exagerados

El dato más importante para Argentina no es que vaya a llover más o menos en todo el territorio.

La verdadera noticia es que la atmósfera entra en una temporada en la que las señales climáticas pueden ser más marcadas de lo habitual.

Eso obliga a productores, organismos públicos y especialistas a actualizar periódicamente los pronósticos y evitar decisiones basadas exclusivamente en una proyección de largo plazo.

El SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y actualizando sus informes. NOAA también realiza actualizaciones periódicas de las condiciones del ENSO.

Argentina frente a un nuevo escenario climático

La primavera y el verano de 2026/27 tendrán así un ingrediente adicional: un El Niño que se fortalece y que los principales centros meteorológicos internacionales consideran potencialmente excepcional por su intensidad.

Todavía no es posible saber cómo se traducirá exactamente ese fenómeno en cada región productiva argentina.

Lo que sí está confirmado es que el escenario climático cambió y que los próximos meses exigirán más seguimiento, más información y mayor capacidad de adaptación.

Para un país cuya economía tiene una fuerte relación con el campo, lo que sucede a miles de kilómetros de distancia, en las aguas del Pacífico, puede terminar teniendo consecuencias muy concretas sobre los lotes, las cosechas y las decisiones que se tomen en el territorio argentino.

Fuentes

• Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informe El Niño/La Niña – septiembre de 2026.

• Repositorio Institucional del Servicio Meteorológico Nacional.

La economía argentina entra en una semana de definiciones. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con su agenda en el Congreso, una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país para comenzar una revisión del acuerdo vigente.

Los técnicos del organismo analizarán, entre otros puntos, la evolución de las cuentas públicas y la acumulación de reservas. Si la revisión concluye favorablemente, Argentina podría acceder a un desembolso cercano a los US$900 millones, de acuerdo con la información difundida este sábado.

La revisión se produce en un momento particularmente importante para la administración de Javier Milei, que intenta sostener su programa económico basado en el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y una mayor apertura de la economía.

El Presupuesto 2027, en el centro de la discusión

El otro gran eje de la agenda es el proyecto de Presupuesto 2027, que ya fue enviado al Congreso y comenzará a ser analizado por los legisladores.

La iniciativa oficial contempla para el próximo año un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y una inflación interanual del 18%, además de la continuidad del superávit fiscal como uno de los principales objetivos de la política económica.

El Gobierno también proyecta un resultado financiero positivo equivalente al 0,2% del PBI y un tipo de cambio de cierre de aproximadamente $1.847,60 por dólar para diciembre de 2027.

Sin embargo, las propias estimaciones oficiales muestran que el proceso de desinflación podría extenderse más de lo previsto inicialmente. Un análisis publicado este sábado señala que el Gobierno ahora proyecta alcanzar una inflación anual de un dígito recién en 2029, dos años después de lo que había estimado anteriormente.

La inflación continúa siendo una de las principales variables

El comportamiento de los precios sigue siendo uno de los principales desafíos para el programa económico.

Según el análisis difundido este sábado, el Gobierno proyecta que la inflación terminará 2026 alrededor del 32%, para luego reducirse al 18% durante 2027. La meta implica una desaceleración significativa respecto del nivel actual.

A esto se suma el comportamiento de los precios mayoristas. Después de registrar una variación mensual del 0,8% en julio, el índice mayorista aumentó 2,1% en agosto, según los datos citados en el análisis económico publicado este sábado.

La evolución de los precios de la energía y de otros insumos aparece como uno de los factores que podrían influir sobre la trayectoria inflacionaria durante los próximos meses.

El Congreso será otro escenario decisivo

El Gobierno deberá ahora negociar con los distintos bloques políticos para conseguir respaldo legislativo a sus principales iniciativas.

El Presupuesto 2027 comenzará su recorrido parlamentario en octubre, mientras el oficialismo también busca avanzar con otros proyectos y dictámenes durante estos días. La agenda incluye iniciativas vinculadas con cuestiones electorales y otras propuestas que requieren acuerdos dentro del Congreso.

La situación política agrega complejidad al escenario económico. Las diferencias entre sectores del oficialismo y otros espacios políticos se hicieron visibles durante la semana, mientras la Casa Rosada intenta concentrar la discusión en sus principales objetivos económicos.

En este contexto, el resultado de las negociaciones parlamentarias será relevante para determinar qué parte de la agenda oficial podrá avanzar durante los próximos meses.

El FMI vuelve a mirar las cuentas argentinas

La llegada de los técnicos del FMI representa otro punto de atención.

La misión comenzará el lunes y tendrá entre sus tareas analizar la marcha de las metas acordadas con Argentina. El organismo también observará la evolución de las reservas internacionales y las cuentas fiscales.

Una eventual aprobación permitiría destrabar un desembolso cercano a los US$900 millones, aunque el resultado dependerá de la evaluación que realice el organismo durante la revisión.

Para el Gobierno, mantener el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias constituye una pieza central de su estrategia económica.

Qué puede significar para la economía cotidiana

Las decisiones que se discutan durante las próximas semanas tendrán impacto sobre variables que afectan directamente a hogares, empresas y trabajadores: inflación, crédito, tasas de interés, salarios, consumo y actividad económica.

También será importante observar la evolución del empleo y de la producción. El escenario actual presenta señales contrapuestas: mientras el Gobierno sostiene que la estabilización puede generar las condiciones para una recuperación, distintos indicadores muestran que la economía todavía atraviesa dificultades en algunos sectores.

Por eso, las próximas semanas estarán marcadas por tres cuestiones que avanzarán en paralelo: la revisión del FMI, el debate del Presupuesto 2027 y las negociaciones políticas en el Congreso.

Argentina llega así a una nueva etapa del programa económico con objetivos definidos, pero también con desafíos concretos: reducir la inflación, sostener las cuentas públicas, acumular reservas y conseguir respaldo legislativo para las medidas que el Gobierno considera necesarias.

Un escenario que seguirá bajo observación

La economía argentina entra en una etapa en la que las decisiones políticas y los resultados económicos estarán estrechamente vinculados.

La misión del FMI, el tratamiento parlamentario del Presupuesto y la evolución de los precios serán algunos de los principales indicadores a seguir durante las próximas semanas.

Para millones de argentinos, la cuestión central será cómo esas decisiones macroeconómicas terminan trasladándose a la vida cotidiana: cuánto costará vivir, qué ocurrirá con el crédito, cómo evolucionarán los salarios y si la actividad económica consigue consolidar una recuperación.

Fuentes

• TN, información misión del FMI, el Congreso y el escenario económico. 
• EFE / Emol, crecimiento, inflación, tipo de cambio y resultado financiero proyectados para 2027.
• Infobae, análisis de las nuevas proyecciones oficiales de inflación.
• Gobierno argentino, declaraciones del ministro Luis Caputo sobre las metas fiscales y el Presupuesto 2027.

El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política y legislativa argentina.

La propuesta apunta principalmente a ampliar las herramientas legales del Estado frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, territorios cuya soberanía es reclamada por la Argentina y que actualmente se encuentran bajo administración británica.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento del régimen de sanciones para empresas y personas que desarrollen determinadas actividades sin autorización argentina. La iniciativa busca alcanzar especialmente operaciones relacionadas con hidrocarburos y pesca, además de contemplar a actores que colaboren o faciliten esas actividades.

El proyecto aparece en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas. La explotación de hidrocarburos en esa zona generó nuevas acciones del Gobierno argentino y abrió una etapa de mayor actividad diplomática y judicial alrededor de los recursos naturales del Atlántico Sur.

En los últimos días, además, la Justicia Federal argentina dispuso una medida cautelar para frenar determinadas actividades vinculadas con el proyecto petrolero mientras se analiza el impacto ambiental de las operaciones. La aplicación efectiva de esa medida en una zona bajo administración británica constituye, sin embargo, un desafío diferente al de su dictado dentro de la jurisdicción argentina.

Qué propone la iniciativa

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, la nueva legislación busca ampliar las herramientas disponibles para el Estado argentino en distintos frentes.

Entre los principales ejes aparecen:

• Nuevas sanciones económicas para actividades consideradas ilegales por la legislación argentina.
• Medidas dirigidas contra empresas relacionadas con la explotación de petróleo y otros recursos naturales.
• Alcance sobre determinadas actividades vinculadas con la pesca.
• Herramientas para actuar frente a personas o empresas que colaboren con operaciones consideradas contrarias a los intereses argentinos.
• Un esquema de seguridad nacional destinado a coordinar distintas áreas del Estado.
• Medidas relacionadas con la protección de infraestructura crítica y recursos estratégicos.

El Gobierno sostiene que el objetivo es contar con un marco legal actualizado que permita responder frente a actividades que considera una explotación no autorizada de recursos pertenecientes al territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

El conflicto por los recursos naturales

La discusión sobre Malvinas ya no se limita al reclamo diplomático por la soberanía. La existencia de recursos pesqueros y potencial hidrocarburífero convirtió al Atlántico Sur en un espacio de interés económico y estratégico.

El desarrollo del proyecto Sea Lion incrementó la atención sobre el potencial petrolero de la zona y llevó al Gobierno argentino a reforzar sus acciones contra las compañías involucradas.

En paralelo, empresas internacionales relacionadas con actividades en las islas comenzaron a enfrentar un escenario de mayor incertidumbre jurídica. Reuters informó que compañías de servicios petroleros como SLB, Halliburton y Baker Hughes se distanciaron de operaciones vinculadas con el desarrollo de hidrocarburos en las Malvinas.

Una disputa que también tiene una dimensión internacional

La cuestión Malvinas vuelve a adquirir una dimensión internacional en un momento en que distintos gobiernos expresaron posiciones sobre el conflicto.

La Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas por la vía diplomática y sostiene que se trata de una disputa que debe resolverse conforme al derecho internacional.

El Reino Unido, por su parte, mantiene el control efectivo del archipiélago y rechaza el reclamo argentino.

En los últimos días también se registraron movimientos diplomáticos de otros países. China expresó públicamente su respaldo al reclamo argentino, mientras que el Gobierno británico avanzó con medidas destinadas a brindar respaldo a empresas que desarrollan actividades en las islas.

Qué puede pasar ahora

El proyecto deberá comenzar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde será analizado por las comisiones correspondientes antes de llegar eventualmente al recinto.

Su aprobación dependerá de las negociaciones que el oficialismo pueda desarrollar con los distintos bloques políticos. El Gobierno no cuenta con mayoría propia en el Congreso, por lo que la discusión parlamentaria será determinante para definir el futuro de la iniciativa.

La presentación de esta ley representa, de todos modos, un nuevo capítulo en la estrategia argentina sobre Malvinas. El debate combina soberanía, recursos naturales, política exterior, seguridad y actividad económica, por lo que su tratamiento parlamentario podría generar una discusión amplia sobre la manera en que Argentina busca defender sus intereses en el Atlántico Sur.

Fuentes consultadas: Reuters, TN, Associated Press y Casa Rosada.

El Gobierno nacional puso en marcha este martes una de las discusiones económicas más importantes del calendario político: el proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y establece las principales estimaciones oficiales sobre crecimiento, inflación, resultado fiscal, comercio exterior y gasto público para el próximo año.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por el Ministerio de Economía, el Gobierno proyecta para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4% y una inflación anual del 18%.

El proyecto también contempla mantener el resultado financiero positivo, en continuidad con la estrategia fiscal que la administración de Javier Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión.

Una hoja de ruta para 2027

El Presupuesto no es solamente una estimación de ingresos y gastos. También funciona como una hoja de ruta que permite observar cuáles son las variables que el Gobierno considera centrales para el próximo año.

Entre ellas aparecen la reducción de la inflación, el crecimiento de la actividad económica, el mantenimiento del equilibrio fiscal y una mayor participación de sectores vinculados con energía, minería y exportaciones.

El Gobierno también proyecta un superávit comercial superior a los 15.000 millones de dólares, apoyado principalmente en el crecimiento de las exportaciones.

Estas previsiones deberán atravesar ahora el debate parlamentario, donde distintos bloques podrán plantear modificaciones y observaciones sobre las partidas y las estimaciones incluidas.

Inflación: la principal apuesta

Uno de los números que concentra mayor atención es la inflación.

La proyección oficial establece una inflación del 18% para 2027, frente a una estimación cercana al 29% para el cierre de 2026 utilizada como referencia en el proyecto.

La diferencia muestra cuál es uno de los principales objetivos económicos planteados por la administración nacional: continuar reduciendo el ritmo de aumento de los precios.

Sin embargo, se trata de una proyección oficial, y no de un resultado ya concretado. Su cumplimiento dependerá de la evolución de variables como los precios, el tipo de cambio, la actividad económica, los salarios y las condiciones financieras.

Más actividad y crecimiento

El Gobierno espera que la economía argentina crezca un 4% durante 2027.

La estimación se apoya en una recuperación de la actividad y en el crecimiento de sectores considerados estratégicos para la generación de divisas.

Energía y minería aparecen entre las áreas con mayor expectativa de expansión, junto con las exportaciones vinculadas a recursos naturales y producción.

Para Argentina, el desafío será convertir ese crecimiento proyectado en una expansión sostenida de la actividad y del empleo, una cuestión que quedará estrechamente vinculada con la evolución de la inversión y el consumo interno.

El equilibrio fiscal como eje

Desde el comienzo de la actual administración, el equilibrio de las cuentas públicas ocupa un lugar central en la política económica.

El proyecto enviado al Congreso mantiene esa orientación y plantea continuar con un resultado financiero positivo.

Luis Caputo destacó que, según las previsiones oficiales, Argentina podría alcanzar cuatro años consecutivos de superávit financiero.

El debate alrededor de este punto volverá a poner en discusión el nivel de gasto público, las prioridades presupuestarias y el margen que tendrá el Estado para financiar distintas áreas durante 2027.

¿Qué puede significar para los argentinos?

Aunque el Presupuesto se presenta con cifras macroeconómicas, sus efectos pueden trasladarse a cuestiones concretas de la economía cotidiana.

La evolución de la inflación tiene impacto sobre salarios, jubilaciones, alquileres, alimentos y servicios. El nivel de actividad influye sobre el empleo y los ingresos, mientras que las decisiones de inversión pública y privada pueden modificar el ritmo de crecimiento de distintas regiones y sectores productivos.

Por eso, una de las claves del debate será observar no solamente cuánto dinero contempla el Presupuesto, sino cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán las áreas consideradas prioritarias.

El proyecto ahora pasa al Congreso

Con su presentación formal, comienza una nueva etapa.

El proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y posteriormente debatido en el recinto. Durante ese proceso podrán aparecer modificaciones, cuestionamientos y propuestas alternativas.

La discusión presupuestaria permitirá conocer también cuáles son los acuerdos que el oficialismo puede construir con otros bloques para conseguir la aprobación del proyecto.

Mientras tanto, las cifras presentadas por Economía funcionan como la fotografía de las expectativas oficiales para 2027.

Una inflación proyectada del 18%, un crecimiento del 4% y la continuidad del superávit financiero forman el núcleo de una hoja de ruta que ahora deberá pasar por el Congreso y, posteriormente, enfrentarse con la realidad económica.

Fuentes

• Ministerio de Economía de la Nación.
• Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto será enviado este martes 15 de septiembre a la Cámara de Diputados, donde comenzará formalmente el recorrido parlamentario de la denominada “ley de leyes”. La presentación se producirá en un escenario de negociaciones entre el oficialismo, los gobernadores y distintos bloques legislativos.

El Presupuesto será una herramienta central para definir las prioridades de la administración nacional durante el próximo ejercicio. Entre los principales lineamientos que se anticipan aparecen el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y la continuidad de la reducción de la inflación.

El Gobierno deberá, además, construir una mayoría parlamentaria que le permita avanzar con la iniciativa. La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con los votos suficientes para aprobar el proyecto, por lo que los acuerdos con otros sectores serán determinantes.

Una negociación con las provincias

Uno de los aspectos que tendrá especial relevancia será la relación entre la Nación y los gobernadores.

Las provincias buscarán que sus necesidades sean contempladas dentro de la discusión presupuestaria, especialmente en materia de obras de infraestructura, rutas, agua y saneamiento, además de otros recursos destinados a sus territorios.

En ese contexto, el Gobierno nacional comenzó a mantener conversaciones con mandatarios provinciales y legisladores aliados o dialoguistas con el objetivo de acercar posiciones antes de que el proyecto avance en el Congreso.

La negociación será particularmente importante para las provincias, ya que las decisiones presupuestarias nacionales pueden tener incidencia sobre obras, transferencias y programas que impactan directamente en los gobiernos locales.

Milei reúne a sus legisladores

En la previa del envío del proyecto, el presidente Javier Milei convocó a legisladores de La Libertad Avanza a la Casa Rosada para presentarles los principales lineamientos del Presupuesto y ordenar la estrategia parlamentaria.

La reunión se produce en una semana que el oficialismo considera decisiva para comenzar a definir su agenda legislativa de cara a los próximos meses.

El Ejecutivo también deberá afrontar negociaciones con sectores que, si bien pueden acompañar algunas iniciativas oficiales, mantienen diferencias respecto de determinadas políticas económicas y de la distribución de recursos.

Una discusión que tendrá impacto político

El debate presupuestario no será solamente económico. También tendrá un fuerte componente político, ya que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para construir acuerdos con un Congreso fragmentado.

Para los gobernadores, la discusión será una oportunidad para plantear sus reclamos y buscar garantías sobre recursos y obras para sus provincias.

Para el Ejecutivo, en cambio, conseguir la aprobación del Presupuesto representaría un respaldo político a la orientación económica que viene implementando y permitiría establecer un marco de previsibilidad para las cuentas públicas de 2027.

El proyecto ingresará primero por Diputados y, a partir de allí, comenzará un proceso de análisis en comisiones antes de llegar al recinto.

La discusión promete extenderse durante las próximas semanas y será uno de los principales temas de la agenda política nacional.

¿Por qué es importante para Mendoza?

La discusión presupuestaria también tendrá especial interés para Mendoza. Las definiciones sobre infraestructura, recursos nacionales y obras pueden tener consecuencias concretas para la provincia.

Por eso, el debate que comenzará en el Congreso será seguido de cerca por los gobiernos provinciales y por los legisladores que representan a Mendoza, especialmente a la hora de defender partidas y proyectos considerados prioritarios para el territorio.

El Presupuesto 2027 será, de esta manera, una prueba tanto para la estrategia económica del Gobierno como para su capacidad de construir consensos políticos con las provincias y el Congreso.

Fuentes consultadas

• Información parlamentaria y normativa presupuestaria nacional.
• TN, cobertura de la reunión de Javier Milei con legisladores oficialistas.
• Infobae, análisis de las negociaciones del Gobierno con gobernadores y legisladores.

Redacción: ADN del VALLE

La situación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina volvió a quedar en el centro de la agenda nacional luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que todavía no pudo completar la auditoría sobre el destino de los lingotes enviados fuera del país.

El tema genera un nuevo cruce entre organismos públicos y vuelve a instalar en el debate la necesidad de contar con información verificable sobre la administración de las reservas argentinas.

El traslado del oro comenzó a ser conocido públicamente en 2024. Desde el Gobierno se explicó que la decisión buscaba colocar parte de las reservas en el exterior para mejorar su rendimiento y disponibilidad dentro de operaciones financieras internacionales.

Sin embargo, la discusión se mantiene abierta debido a las dificultades que encontró la AGN para acceder a toda la documentación necesaria para realizar su tarea de control.

Qué sostiene la Auditoría

Según la información difundida este viernes, la AGN sostiene que la auditoría todavía no está terminada debido a demoras en la entrega de información requerida al Banco Central.

El punto resulta relevante porque la Auditoría General de la Nación tiene entre sus funciones controlar el uso y la administración de los recursos públicos.

La controversia no implica, por sí misma, que se haya determinado una irregularidad en el manejo de las reservas. Lo que está en discusión actualmente es la posibilidad de que el organismo de control pueda acceder a la documentación necesaria para verificar las operaciones realizadas.

El Banco Central sostiene que las operaciones están registradas

Desde el Banco Central se ha defendido el procedimiento y se afirmó que los movimientos de las reservas se encuentran documentados y registrados.

La entidad también sostuvo que parte de la información vinculada con las operaciones tiene carácter reservado, un argumento que se encuentra en el centro de la discusión con los organismos que buscan acceder a la documentación.

El debate adquiere relevancia porque las reservas de oro constituyen uno de los activos que forman parte del respaldo patrimonial del Banco Central y, por lo tanto, cualquier decisión sobre su traslado, custodia o utilización tiene impacto económico y político.

Un tema que vuelve a generar debate

La discusión sobre el oro argentino no es nueva. Desde 2024 diferentes sectores políticos y especialistas vienen reclamando mayores precisiones sobre la cantidad trasladada, el lugar de custodia y las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones.

La novedad de esta semana es que el organismo encargado del control externo del Estado continúa sin poder cerrar su auditoría.

El episodio vuelve así a poner en primer plano una cuestión central para las finanzas públicas: la necesidad de que las decisiones sobre los activos del Estado puedan ser verificadas mediante mecanismos de control institucional.

Mientras la AGN intenta completar su tarea, el destino y las condiciones de custodia de las reservas de oro seguirán siendo un tema de fuerte interés político y económico en Argentina.

Fuentes consultadas: Auditoría General de la Nación, Banco Central de la República Argentina, El País y El Litoral.

Redacción: ADN del VALLE